Leonardo Tamburini advierte que el discurso electoral que propone parcelar tierras comunitarias revive viejas recetas de despojo y pone en riesgo una de las conquistas históricas más importantes del país.
eju.tv / Video: La Hora Pico de eju.tv
Desde la época de la Colonia y la fundación de la República de Bolivia, los pueblos indígenas de Bolivia han defendido con sangre la propiedad colectiva de la tierra. Esa fue la raíz de levantamientos, de la Guerra Federal, de la Revolución del 52 y de la marcha de 1990. Hoy, en plena campaña electoral, algunos candidatos plantean deshacerla, bajo el argumento de que es un ‘lastre para el desarrollo’. Para las naciones originarias de tierras bajas, se trata de un ataque frontal a su historia y a la esencia misma del Estado Plurinacional.
Leonardo Tamburini, director de la Organización de Apoyo Legal y Social (Ore, palabra guaraní que quiere decir lo nuestro, lo propio), no oculta su preocupación y así lo expresó en el programa La Hora Pico de eju.tv, que se difunde por la señal de radio Oriental de Santa Cruz de la Sierra. “En Bolivia, la lucha por la propiedad colectiva viene desde el siglo XIX. Cada vez que se tocó ese derecho, hubo conflicto. Y si se vuelve a tocar, se volverá a encender”, advierte.
Su diagnóstico surge a raíz de propuestas electorales que plantean revisar el régimen de tierras comunitarias, bajo el mismo argumento que utilizó Alberto Fujimori en el Perú en los años 90: parcelar, individualizar y mercantilizar la tierra comunal. El discurso, recuerda Tamburini, se viste de modernidad, pero es viejo: acusa a las comunidades de ser atrasadas, de estar manipuladas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de mantener a sus pueblos en la pobreza.
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La historia boliviana muestra lo contrario. Desde la colonia, los pueblos indígenas se opusieron a decretos que buscaban romper la comunidad. En 1899, el caudillo aymara Zárate Willka se levantó contra el presidente Pando por no cumplir con el respeto a la propiedad colectiva. En 1952, la Revolución Nacional fue, en esencia, una revolución agraria que estalló porque tampoco se cumplió con ese derecho.
Foto: captura pantalla
“Las comunidades se opusieron a los decretos bolivarianos que intentaron romper la propiedad colectiva, a la colonia. La guerra federal del 1899 y el levantamiento de Zarate Villca contra Pando, tiene que ver con que Pando no le cumple con el respeto de la propiedad colectiva. Y la revolución del 52 es una revolución agraria, no minera, es agraria, porque no se le cumple el compromiso de respetar la propiedad colectiva”, enfatiza el experto.
Y en 1990, la marcha de los pueblos de tierras bajas cambió para siempre la estructura jurídica del país al instalar la titulación de territorios indígenas y el derecho al autogobierno. “En la Constitución de 2009 está blindada la propiedad colectiva. Los territorios están titulados, tienen plenas garantías jurídicas. No es difícil proponer políticas que funcionen, hay ríos, áreas de conservación, bonos de carbono. Lo que falta es voluntad de dialogar con los pueblos indígenas y construir desde ahí un modelo sostenible”, sostiene Tamburini.
El riesgo, subraya, es que los discursos desarrollistas apunten nuevamente a la expansión de la matriz extractivista. Y eso, afirma, no solo atenta contra la cultura y la sobrevivencia de las comunidades, sino que también contradice convenios internacionales suscritos por Bolivia.
La discusión remite, además, al dilema de las políticas públicas. ¿Deben ser iguales para todos o diferenciadas según las realidades culturales? Tamburini es claro: “No puedes medir la pobreza indígena con los mismos parámetros de la ciudad. Lo que para uno es progreso, para otro puede ser miseria. Una calamina en la Amazonía no es riqueza, es condena al calor. Las políticas tienen que respetar la diversidad, o se convierten en imposiciones coloniales”.
Foto: captura pantalla
En ese marco, las autonomías indígenas han mostrado resultados concretos: mayor participación comunitaria, planificación desde abajo, creación de áreas protegidas y acceso potencial a fondos internacionales por conservación. “No es que ahora todos anden en 4×4, pero hoy se los escucha, se los toma en cuenta, son reconocidos como autoridades al mismo nivel que un alcalde. Eso es un avance indiscutible”, enfatiza.
El problema, como admite el propio Tamburini, es que esas conquistas han sido opacadas por escándalos de corrupción – como el Fondo Indígena – y por una narrativa política que busca desvalorizarlas. “Se ha instalado la idea de que son privilegios. Pero no son privilegios, son derechos de reparación. Lo que es igual para vos no es igual para mí, entonces ahí tenemos que entrar en una política que promueva la diversidad”, puntualiza.