Alerta institucional: TSE, Fiscalía y Gobierno advierten maniobras para deslegitimar las elecciones del 17 de agosto


Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una integrante del equipo de la UE. Foto: MOE UE Bolivia 2025Una persona ejerce su derecho al voto ante la atenta mirada de una observadora de la UE. Foto:  MOE UE

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TSE alerta que hay intentos para desconocer las elecciones e insta a la justicia a “tomar cartas en el asunto” – Presidente Arce rechaza intentos de evistas por desconocer resultados electorales – Fiscalía advierte que estará vigilante ante intentos de obstaculizar las elecciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSE alerta que hay intentos para desconocer las elecciones e insta a la justicia a “tomar cartas en el asunto”

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, denunció este viernes que existe intentos para desconocer los resultados de las elecciones generales que se realizaron en Bolivia el pasado 17 de agosto y cuya segunda vuelta se llevará el 19 de octubre. “Hay algo que nos preocupa y aprovecho su espacio para poder alertar y denunciar, tanto nacional e internacionalmente, de ciertos intentos que existen para desconocer la voluntad popular a través de diferentes acciones”, dijo Vargas en una entrevista con el programa Influyentes que se emite por ED24. Recordó que inicialmente el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, presentó un proyecto de ley que planteaba suspender de sus funciones a los vocales electorales poniendo en riesgo el balotaje y prorrogar el periodo del mandato constitucional 2020 – 2025. “Ahora surge denuncias que pondrían en duda el trabajo que hemos realizado; esperemos que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto”, agregó.

Presidente Arce rechaza intentos de evistas por desconocer resultados electorales

El presidente Luis Arce se pronunció frente a las denuncias sobre una posible alianza entre las alas evista y arcista del MAS para desconocer los resultados de la primera vuelta electoral y obstaculizar el balotaje del 19 de octubre, además advirtió que estas acciones ponen en riesgo la democracia y la paz social del país. El mandatario aseguró que su gobierno ha cumplido con todos los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar el proceso. «Ante las acciones coordinadas de algunos asambleístas nacionales, actores políticos y sectores evistas para desconocer los resultados de las elecciones nacionales del pasado mes de agosto (primera vuelta), además de obstaculizar y evitar la segunda vuelta del próximo 19 de octubre; rechazamos todo intento temerario de poner en riesgo la democracia y la paz social del pueblo boliviano», escribió Arce en sus redes sociales. El jefe de Estado enfatizó el compromiso institucional de su administración con el proceso democrático.

Fiscalía advierte que estará vigilante ante intentos de obstaculizar las elecciones

Después de que han surgido pronunciamientos que cuestionan la transparencia de las elecciones, la Fiscalía General del Estado advirtió que estará vigilante ante un presunto intento de obstaculizar el proceso de las Elecciones Generales 2025. “… el Ministerio Público se mantendrá vigilante y actuará conforme a la ley frente a cualquier hecho delictivo que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática o la soberanía del pueblo boliviano”, dice un comunicado institucional emitido este viernes. Durante las últimas jornadas, parlamentarios del MAS denunciaron un presunto fraude en las elecciones de primera vuelta y generaron susceptibilidad de una presunta intención de anular el proceso electoral. El Ministerio Público rechazó enfáticamente “cualquier intento de alterar el orden democrático, desestabilizar el proceso electoral de segunda vuelta o desconocer el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir libremente a sus gobernantes”.

TSE acepta demanda del PDC y aumenta número de periodistas del debate de este domingo

Mediante una carta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó este viernes la demanda del PDC en sentido de que debía ampliarse la cantidad de periodistas elegidos para dirigir el debate vicepresidencial a realizarse este domingo en Santa Cruz. El debate será producido, con señal limpia, por Red UNO y Unitel, como ocurrió en agosto pasado, con presencia de los ocho candidatos a la primera vuelta. A las dos periodistas previamente designadas por Red UNO y Unitel, Cecilia Bellido y Gabriela Oviedo, se añadió a los prestigiosos profesionales Tuffí Aré y Maggy Talavera, informó el Tribunal Supremo Electoral. Los cuatro son cruceños. Con esta decisión, se espera que Edmand Lara, el candidato a la vicepresidencia junto a Rodrigo Paz, del PDC, confirme su asistencia al debate. Lara había señalado que creía que la presencia solo de comunicadores de Red UNO y Unitel no le ofrecía igualdad de condiciones. Por eso planteó que se ampliara el número, cosa que finalmente ocurrió este viernes.

Fiscalía abre investigación por avasallamiento en predio Patujú

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este viernes que el Ministerio Público inició una investigación por el delito de avasallamiento en contra de los presuntos responsables que ingresaron de manera violenta a la propiedad denominada Patujú, ubicada en el municipio de Montero, norte cruceño. De acuerdo con el reporte oficial, los avasalladores habrían desalojado por la fuerza al propietario y a sus trabajadores, quienes fueron retenidos durante varias horas dentro del predio. Zeballos indicó que, tras conocer la persistencia del hecho, se conformó una comisión de fiscales que se trasladó al lugar para verificar la situación y realizar las actuaciones correspondientes. “Nos trasladamos inmediatamente a este municipio para continuar con los requerimientos fiscales y dar con los responsables de los avasallamientos. No se descarta ampliar la investigación conforme se colecten más elementos, como el informe médico forense de las víctimas”, señaló el fiscal departamental.

CAO exige seguridad jurídica y aplicar la ley contra los “grupos delincuenciales”

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó la noche de este viernes su preocupación y rechazo por los hechos de violencia y el avasallamiento de un predio privado en el municipio de Montero, Santa Cruz. La entidad pidió al Gobierno que garantice la seguridad jurídica inmediata, además de la protección de la propiedad privada y de los sectores que generan producción y empleo. La CAO también exigió “la aplicación de la ley con todo el rigor, contra los grupos delincuenciales que están atentando contra la vida, la propiedad privada y la producción”, que generan zozobra y vulneran los derechos de la constitución. “La CAO advierte que estos hechos no solo afectan a las familias productoras, sino también a la seguridad alimentaria del país, al clima de inversiones y al desarrollo económico de Bolivia”, señaló la institución. La CAO también hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles del estado para que actúen con responsabilidad y firmeza, evitando la impunidad.

Siete personas fueron aprehendidas tras la intervención en el avasallamiento en Montero

Luego de los momentos de violencia, con retenciones de algunas autoridades de Santa Cruz, un total de siete personas fueron aprehendidas producto de la intervención policial a la toma del predio Patujú, ubicado en el municipio de Montero. Un total de al menos 500 efectivos del orden fueron desplegados a la zona de conflicto, en coordinación con la Fiscalía, para ejecutar el operativo de liberar los predios avasallados tras la denuncia de un productor que fue agredido horas antes. El operativo permitió desalojar a la turba, muchos de ellos encapuchados y munidos de palos y petardos, amenazó a la comitiva liderada por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que llegó para constatar e intentar persuadir a los movilizados, pero en medio de esta acción, fue retenido. Ante el Ministerio Público, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se presentará una denuncia por los delitos de avasallamiento, agresiones graves y leves y disposición de ilegal de armas.

Políticos, legisladores y autoridades rechazan avasallamientos y piden intervención policial

Políticos, legisladores y candidatos rechazaron este viernes el avasallamiento del predio Patujú, en Montero, Santa Cruz, donde más de 100 personas armadas ingresaron a la fuerza para tomar la propiedad, dejando heridos y retenidos. Exigieron a la Policía tomar cartas en el asunto. La diputada de CC, Luisa Nayar, pidió a la Policía que intervenga la zona para resguardar la propiedad. “Rechazamos rotundamente el avasallamiento y los secuestros denunciados en Montero. ¡Exijo a la Policía Boliviana actuar de manera inmediata para resguardar la seguridad, liberar a los secuestrados y restablecer el orden!”, apuntó. El senador electo por la Alianza Libre, Branko Marinkovic, aseveró encapuchados destruyeron cultivos y secuestraron personas, sin respetar la propiedad privada. “Lo que está ocurriendo en Montero refleja lo que siempre fue el masismo: encapuchados que avasallan tierras, destruyen cultivos y secuestran a quienes producen, mientras el Estado no mueve un dedo”, aseveró.

TSJ admite recurso de revisión de sentencia de Jeanine Áñez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de revisión extraordinaria de sentencia de la expresidenta Jeanine Áñez y, de acuerdo a procedimiento, pasará a trámite de fondo con la designación, por parte de la Sala Plena, de un nuevo magistrado relator. «El TSJ falla declarando admisible el recurso de revisión extraordinaria de sentencia condenatoria ejecutoriada presentada por Jeanine Áñez en cuanto hubiera lugar el derecho y dispone que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que emitió la sentencia 12/2022 de 10 de junio remita los antecedentes originales, sea en el plazo de tres días», señala parte del auto supremo notificado este viernes a las partes. De acuerdo al procedimiento, el recurso pasará a trámite de fondo con la designación, por parte de la Sala Plena, de un nuevo magistrado relator. Luego, tendrá un tiempo prudencial para poder analizar el recurso presentado por la exmandataria.

Caso consorcio: exvocal Claudia Castro alega tener una enfermedad terminal y el fiscal encuentra incongruencias

La defensa legal de la exvocal Claudia Castro, implicada en el caso consorcio, alegó que su defendida tiene una enfermedad grave para beneficiarse con la detención domiciliaria. El Ministerio Público observó ese argumento y afirmó que existen incongruencias. “La juez entiende que la ciudadana Claudia Castro ha acreditado una enfermedad grave, no una enfermedad terminal. Nosotros hemos observado ciertas incongruencias que durante varias audiencias han venido arrastrando, porque en primera instancia se sostenía que era terminal y ahora se acredita que es grave. Entonces nosotros mantenemos nuestro criterio y observación de que existen incongruencias que no han sido subsanadas”, explicó el fiscal del caso Fernando Espinoza. El 26 de septiembre, el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción 17 de La Paz aceptó el recurso de cesación a la detención preventiva que presentó la defensa de la exvocal y definió una salida alterna debido a su estado de salud.

Datos de la Fiscalía General revelan más de 34 mil casos de violencia contra la mujer en lo que va del año

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, el Ministerio Público atendió 34.412 casos relacionados con delitos contemplados en la Ley N° 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. “Estos datos nos deben llamar la atención como sociedad, la violencia de género no se detiene y solo con una respuesta firme, coordinada e integral podremos garantizar a las víctimas un acceso real a la justicia, protección efectiva y reparación al daño”, expresó Mariaca, citado en una nota de prensa en el sitio web de la entidad. De los 34.412 casos registrados a nivel nacional, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de hechos con 11.785, seguido de La Paz con 8.653, Cochabamba con 5.507, 2.325 casos en Tarija, 2.103 Potosí, 1.589 Chuquisaca, 1.073 Beni, 946 Oruro y 431 Pando. El delito con mayor incidencia sigue siendo la violencia familiar o doméstica, que representa 25.716 casos, reflejando una preocupante persistencia de agresiones dentro del núcleo familiar.