Más de cien encapuchados avasallaron el predio Patujú ubicado en el municipio de Montero el fin de semana pasado, pero la toma se tornó violenta luego de que este viernes se denunció el secuestro de su propietario.
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
Tras los hechos de violencia protagonizados por «toma tierras» en Montero, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, «exigió» al próximo Gobierno que garantice la seguridad jurídica con el uso inclusive de los militares.
«Yo quiero exigirle al próximo Gobierno seguridad jurídica», indicó la autoridad departamental, quien además cuestionó el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la cual acusó de solapar los «actos delincuenciales».
En criterio de Camacho, esta seguridad jurídica debe ser garantizada inclusive con el uso de las fuerzas militares. El próximo Gobierno se define en la segunda vuelta de las elecciones generales. Compiten Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre) y el ganador jurará el 8 de noviembre.
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«Tiene que garantizarse a través de las fuerzas públicas del Estado, Policía y si es necesario el Ejército de acuerdo a como se establece la ley», sostuvo el gobernador cruceño que llegó hasta el predio avasallado con una comitiva para exigir el desalojo del grupo delincuencial.
Más de un centenar de encapuchados, en algunos casos armados, avasallaron el predio Patujú en el municipio de Montero el fin de semana pasado, pero la toma se tornó violenta luego de que este viernes se denunció el secuestro de su propietario.
La Policía informó que destinó unos 500 efectivos con apoyo aéreo para desalojar a los avasalladores. Tras el operativo, unas 10 personas fueron identificadas como autores intelectuales de la toma y aprehendió a siete personas.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó los hechos de violencia y el avasallamiento del predio privado y demando que el Gobierno garantice la seguridad jurídica para los productores.
«Si la Policía abastece pues perfecto, pero necesitamos primero que nada respetar la institucionalización del INRA, que ha sido esa pequeña caja que ha llevado a cabo todos estos actos delincuenciales con esa permisividad», señaló Camacho.
El viernes, Magdalena Panduro, directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que el proceso de titulación del predio Patujú, que cuenta con una extensión de 434 hectáreas, está en su etapa final tras haber obtenido la resolución final de saneamiento desde el año 2009.
La directora admitió que este es uno de los muchos casos que quedaron inconclusos y explicó que esta situación se generó por la falta de presupuesto dentro del INRA.
El Gobierno de Luis Arce envió al Legislativo un proyecto de ley de crédito internacional para completar el trabajo de titulación de las tierras en el país, pero este préstamo fue rechazado por los legisladores evistas y los opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).
Se trata del crédito de $us 40 millones para el “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable” suscrito entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que debía ser administrado por el INRA. Fue rechazado en septiembre de 2024.