Frente a las versiones sobre un posible encubrimiento, salió al paso para asegurar que se cumplirán todas las disposiciones judiciales. Asimismo, el ministro detalló el operativo desplegado para localizar al hijo del mandatario.
Las autoridades de Estado mantienen una intensa búsqueda de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de violencia familiar. La Fiscalía de Santa Cruz emitió la medida la semana pasada e instruyó a la Policía realizar la captura «en cualquier hora y día hábil», pese a que la denunciante había desistido previamente de la acusación.
«La Policía Boliviana está realizando todos los actos investigativos. Ha realizado los requerimientos fiscales, tanto en la Dirección General de Migración, así también como en las distintas unidades investigativas se han realizado allanamientos, se han convocado a declarar a determinadas personas, además desde las instancias del Ministerio de Gobierno se ha prestado toda la colaboración», declaró el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y enfatizó el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad.
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Frente a las versiones sobre un posible encubrimiento, salió al paso para asegurar que se cumplirán todas las disposiciones judiciales. Asimismo, el ministro detalló el operativo desplegado para localizar al hijo del mandatario.
«La FELCV está trabajando en estas labores para dar con el paradero de esta persona que tiene una denuncia por violencia (familiar)», agregó la autoridad.
Ríos aprovechó para reiterar que el Ejecutivo lleva adelante una política de rechazo a la violencia “venga de donde venga” y en esa línea complementó que se reúnen con diversos sectores sociales para ratificar “la lucha frontal contra la violencia».
Días atrás, este caso tuvo un giro inesperado cuando Mary Carmen C. B., la mujer que denunció a Arce Mosqueira, presentó un desistimiento notariado ante la Fiscalía Departamental cruceña. Sin embargo, este retiro de la acusación no detuvo el proceso judicial, pues la fiscal de materia Jessica Echeverría consideró suficientes elementos para mantener la orden de aprehensión por el delito previsto en el artículo 272 del Código Penal, por lo que el caso continúa su curso legal.