El Senado aprobó una norma en la cual precisamente se avala el funcionamiento del TSJ y del TCP solo con las autoridades elegidas en las elecciones judiciales de 2024
Por: eju.tv
El Órgano Judicial en pleno se unió para exigir a los magistrados «autoprorrogados» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejen sus cargos para abrir una nueva fase de reorganización para «recuperar la institucionalidad».
La semana pasada, el Senado aprobó una norma en la cual precisamente se avala el funcionamiento del TSJ y del TCP solo con las autoridades elegidas en las elecciones judiciales de 2024.
TSJ
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, fue el primero en levantar la voz y acusar a estas autoridades judiciales de haber causado un daño a la democracia y los conminó renunciar o esperar a ser cesados de sus cargos.
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El pedido tiene sustento en la ley aprobada en el Senado que fue enviada a la Cámara de Diputados para su consideración.
«Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, escribió Saucedo en sus cuentas de redes sociales.
Magistratura
El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental respaldaron esa posición y pidieron a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento del citado proyecto de ley para adecuar el funcionamiento del TSJ y del TCP.
«La posición del doctor Romer Saucedo, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es una posición que compartimos y respaldamos, puesto que esta es una posición también de la mayoría de los bolivianos que han exigido que haya un cambio en la justicia», señaló el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista.
Agroambiental
A su turno, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, señaló: «Desde la presidencia tenemos una posición de pleno apoyo y absoluto al doctor Romer Saucedo Gómez respecto a este pronunciamiento porque esto dice mucho de la institucionalidad boliviana».
En criterio de Méndez, la ley que está en Diputados tiene gran importancia puesto que sirve «para que pueda garantizarse una vez más la independencia judicial, la seguridad jurídica y sobre todo el principio del juez natural».
La ley
Se trata de una norma impulsada por la senadora Silvia Salame que contempla el cese de los magistrados «autoprorrogados» para adecuar el funcionamiento del TCP y el TSJ solo con las autoridades elegidas en las elecciones judiciales de diciembre de 2024.
«El proyecto de ley, compuesto por cinco artículos y una disposición transitoria, tiene por finalidad adecuar el funcionamiento constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional y regular su conformación, estructura y funcionamiento, de manera excepcional y transitoria», informó la Cámara de Senadores.
«Asimismo, establece que el Tribunal Supremo de Justicia funcione únicamente con los magistrados y magistradas elegidos democráticamente en las elecciones judiciales de 2024», se añade.
En octubre de 2024, en puertas de los comicios, la Sala Cuarta Especializada del TCP declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del TSJ en Beni y Pando. Asumió la misma medida para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
El artículo 2 de la norma establece que «la presente Ley es de aplicación excepcional y temporal mientras dure el proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional en departamentos que fue declarada desierta por el Tribunal Constitucional Plurinacional».
El Legislativo debe impulsar un nuevo proceso de selección para elegir a los magistrados que aún faltan por designar.