Méndez no pudo ser más elocuente al indicar que «el garante de la constitución no puede convertirse en el verdugo» y complementó que no se puede desconocer «la voluntad general expresada en la norma suprema» e hizo un llamado a respetar los fundamentos mismos del ordenamiento jurídico boliviano frente a lo que considera una distorsión histórica de la justicia constitucional.
La crisis judicial en Bolivia profundiza su alcance institucional con el ingreso formal del Tribunal Agroambiental al conflicto y su respaldo a la denuncia penal interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El presidente del Tribunal Agroambiental, Christian Méndez, confirmó la posición unificada del órgano judicial al calificar la autoprórroga como un «periodo oscuro» que requiere una solución legislativa inmediata por parte de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
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«Comunicarles y señalarles que el Tribunal Agroambiental y en particular Presidencia del Tribunal coincide plenamente y absolutamente con lo vertido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entendemos que la autoprorroga lamentablemente ha mermado el Estado Constitucional de Derecho. Ha sido y seguirá siendo un golpe certero al corazón del Estado Constitucional de Derecho. Es importante señalar esto porque institucionalmente significa un quiebre del Estado Constitucional de Derecho, una afrenta a la garantía de acceso pleno a la justicia, a la seguridad jurídica que implica que las autoridades elegidas por mandato o por voto popular tienen un plazo de caducidad en su mandato», afirmó Méndez en conferencia de prensa.
El presidente agroambiental realizó un análisis constitucional y citó específicamente los artículos 183 y 200 de la CPE que establecen el mandato de seis años para los magistrados. Méndez fue contundente al señalar que la Declaración Constitucional 49-2023 generó «inseguridad jurídica» y confirmó la plena coincidencia con las acciones emprendidas por el presidente del TSJ, Romer Saucedo que interpuso la denuncia penal contra los cinco magistrados del TCP.
En cuanto a la solución del conflicto, Méndez dirigió sus expectativas hacia la Asamblea Legislativa y señaló que «lo que corresponde en Derecho es que la Cámara de Diputados a la brevedad posible deba tramitar en revisión lo determinado por la Cámara de Senadores».
La autoridad enfatizó que esta prórroga de mandato constituye un «quiebre a la garantía de la soberanía popular expresada en las urnas» y afirmó que solamente deberían ejercer sus cargos quienes fueron elegidos en diciembre de 2024.
Con una perspectiva histórica, el magistrado caracterizó el actual momento como «una sombra dentro de la administración de justicia» y «un periodo oscuro para la justicia constitucional». Méndez manifestó su convicción de que este episodio «seguramente va a motivar el estudio académico, autocrítico y reflexivo para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro».
Por último, Méndez no pudo ser más elocuente al indicar que «el garante de la constitución no puede convertirse en el verdugo» y complementó que no se puede desconocer «la voluntad general expresada en la norma suprema» e hizo un llamado a respetar los fundamentos mismos del ordenamiento jurídico boliviano frente a lo que considera una distorsión histórica de la justicia constitucional.