Al concluir su intervención, Hurtado planteó tres preguntas que resumen la narrativa del TCP sobre la crisis. «Pregúntense el pueblo boliviano: ¿Por qué a dos semanas de la segunda vuelta electoral se pretende descabezar el Tribunal Constitucional? ¿Qué actores políticos estarán detrás de este objetivo? ¿A qué actores políticos beneficiaría la suspensión de la segunda vuelta al llevarse a cabo el próximo 19 de octubre?», cuestionó el magistrado.
En un pronunciamiento que eleva la tensión judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acusó esta noche (7) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a legisladores de la Asamblea Legislativa de orquestar una campaña de «presiones políticas» sistemáticas con el objetivo de descabezar y controlar el poder judicial, además de amenazar la realización de la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre. La declaración del presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado, constituye una respuesta directa a la denuncia penal interpuesta en su contra por el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
«Hace varios meses el Tribunal Constitucional Plurinacional es el centro de fuertes y constantes presiones políticas que han asediado a nuestro trabajo, con un solo objetivo, tomar la justicia para instrumentalizarla a favor de intereses particulares. Se intentó presionar a este tribunal para que avale la reelección indefinida, se intentó en contra de sus instalaciones e incluso se amenazó a las autoridades para que se suspenda la elección nacional del 2025», afirmó Hurtado en conferencia de prensa junto con los otros magistrados ‘autoprorrogados’.
El magistrado complementó su denuncia y reveló que el proceso de elección de autoridades judiciales estuvo «lleno de vicios de nulidad», con evidencias de que grupos políticos buscaban «diseñar a su medida la elección judicial». Pese a este escenario adverso, se defendió, según Hurtado, la gestión de su tribunal y se aseguró que el TCP «realice todos los esfuerzos para salvar parcialmente la elección judicial».
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El magistrado se refirió a las acciones de Saucedo, a quien acusó de «quebrantar la independencia de poderes» al pretender «iniciar persecución judicial» contra autoridades del TCP. Complementó que el verdadero objetivo detrás de la denuncia penal es «generar un vacío de poder» que impida el control de constitucionalidad encomendado a su institución, creando las condiciones para una intervención política del órgano judicial.
El TCP ratificó su «inquebrantable compromiso con la democracia» y el derecho de los bolivianos a acudir a las urnas. Además, la institución exhortó a todos los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto a garantizar la funcionalidad del Estado y defender la convocatoria a la segunda vuelta electoral.
Al concluir su intervención, Hurtado planteó tres preguntas que resumen la narrativa del TCP sobre la crisis. «Pregúntense el pueblo boliviano: ¿Por qué a dos semanas de la segunda vuelta electoral se pretende descabezar el Tribunal Constitucional? ¿Qué actores políticos estarán detrás de este objetivo? ¿A qué actores políticos beneficiaría la suspensión de la segunda vuelta al llevarse a cabo el próximo 19 de octubre?», cuestionó el magistrado.