La medida judicial, dictada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Yacuiba, representa el más alto escalafón del Gobierno en ser vinculado a una investigación por contrabando bajo el marco de la Ley 1053 de Lucha Contra el Contrabando.
En un hecho sorpresivo dentro de las instancias estatales, la Aduana Nacional presentó una denuncia formal que ha culminado con la emisión de una orden de aprehensión en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por el delito de contrabando agravado de exportación. La medida judicial, dictada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Yacuiba, representa el más alto escalafón del Gobierno en ser vinculado a una investigación por contrabando bajo el marco de la Ley 1053 de Lucha Contra el Contrabando.
El documento oficial, al que tuvo acceso DTV, que está firmado por el fiscal Yeison Américo Plata, establece de manera contundente los fundamentos legales de la medida cautelar.
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Según la orden de aprehensión, «Dentro del proceso penal seguida por el MINISTERIO PUBLICO a instancia de RODRIGO ACUÑA SANCHEZ (ADMINISTRADOR ADUANA FRONTERA – YACUÍDA ADUANA NACIONAL) . JESUS SALVADOR VARGAS CRÚL (TECNICO EN GESTIÓN ADUANERA Y OPERATIVA GERENCIA NACIONAL TARÍA), ADUANA NACIONAL) en contra ARMIN LUDWIG DORGATHEN TAPIA por el DELITO DE CONTRABANDO DE EXPORTACION AGRAVADO ART. 181 NONIES (LEY DE FORTALECIMIENTO DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO LEY 1053)», el fiscal ordena proceder con la aprehensión del máximo ejecutivo de la petrolera estatal.
La orden judicial del 8 de octubre de 2025 instruye que «el investigador asignado al caso o por cualquier funcionario policial no impedido, proceda a ejecutar la APREHENSIÓN Art 226 del CPP» contra Dorgathen.
La resolución se fundamenta en los artículos 225-I de la Constitución Política del Estado, 226 del Código de Procedimiento Penal y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y configura un marco legal sólido para una de las acusaciones más graves contra un funcionario de alto nivel en los últimos años.
Este desarrollo marca un punto crítico en la investigación por contrabando que involucra a la principal empresa estatal de hidrocarburos, situando al presidente de YPFB en el centro de una tormenta legal que podría tener profundas implicaciones tanto para la institucionalidad estatal como para el panorama político nacional.