Denuncia. La familia El Hague denuncia alquiler ilegal de sus terrenos. Las Fuerzas Armadas no cumplieron con el pago del arrendamiento durante 23 años continuos.
Operación: trabajadores de Jindal realizan las primeras obras en el cerro del Mutún con la instalación de maquinaria
La Prensa
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Las FFAA cedieron tierras para el Mutún bajo presunto estelionato
EL MINISTERIO DE DEFENSA NO RESPONDE SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES
Según documentación de la familia El Hage a la que accedió La Prensa, las Fuerzas Armadas cedieron para el proyecto siderúrgico del Mutún una propiedad de 171 hectáreas que les fue alquilada por Gertrudis Guillén viuda de El Hage desde 1935 y pudieron haber cometido estelionato. El Ministerio de Defensa no responde sobre estos hechos.
El estelionato, según el Código Penal, artículo 337, es el acto de venta o arrendamiento de bienes ajenos como si fueran propios. La sanción es la privación de libertad de uno a cinco años.
Según una nota de la agencia Efe del 4 de febrero de 2009, el ministro de Minería, Alberto Echazú, informó que el Gobierno había aprobado ese día la cesión de las FFAA del terreno para que continuara el cronograma de inversiones y el contrato de riesgo compartido entre la empresa india Jindal Steel and Power y el Estado para la explotación de hierro, firmado el 18 de julio de 2007.
El compromiso del país era entregar en concesión minera una extensión de 5.250 hectáreas de las 11.000 del yacimiento.
Información a la que tuvo acceso La Prensa da cuenta de que la familia El Hage entregó la propiedad a las FFAA en 1935, durante la Guerra del Chaco.
Se trata de 3.500 hectáreas ubicadas en la localidad de Puerto Suárez (Santa Cruz) en la región denominada Mutún, por el cerro donde se encuentra el más grande yacimiento de hierro.
Documentos de alquiler y facturas de pago del arrendamiento revelan que se trataba de dos propiedades denominadas Mutún y Aurora Mutún.
Cerca de 2.500 hectáreas forman parte de las 5.250 hectáreas de concesión para la Jindal.
Sin embargo, hoy parte de esta propiedad está ocupada por ganaderos de la región.
El contrato privado de locación del 1 de enero de 1979, firmado por Hugo Céspedes Espinoza, entonces Ministro de Defensa, y Gertrudis Guillén viuda de El Hage, menciona que a través de la Resolución Ministerial N.º 253/61, de 5 de septiembre de 1961, el monto del alquiler era de 200 pesos bolivianos mensuales.
Este monto se fijó porque en 1978 la familia El Hage pidió un incremento del valor de arrendamiento que fue aceptado por el Gobierno de entonces porque se evidenció que el Ejército estaba en la propiedad. Los documentos revelan que la Guarnición y el Regimiento Pérez de Puerto Suárez se asentaron desde 1935, durante la Guerra del Chaco.
Luego, en 1984, el contrato se renovó bajo la Resolución Ministerial N.º 1158, del 1 de diciembre, rubricado por el coronel (r) Manuel Cárdenas Mallo, como ministro de Defensa; Félix Balmarte Grájeda, como fiscalizador de la Contraloría General de la República; Gertrudris El Hage y un abogado.
Según la información a la que accedió este medio, el 20 de enero de 1963 la familia El Hage recibió 2.400 pesos bolivianos de la Tesorería General de la Nación por concepto de alquileres de un año.
Una factura de 1984 y otra de 1985 emitidas por el Ministerio de Defensa demuestran el pago de 2.400.000 pesos bolivianos (valor monetario que rigió en ese periodo).
Fuentes allegadas a la familia El Hage dijeron a este medio que desde entonces no se pagó más a pesar de las cartas que se enviaron a los sucesivos gobiernos durante 23 años.
La Prensa solicitó información sobre este contrato de alquiler al Ministerio de Defensa y el martes de la semana pasada se le hizo conocer los documentos. Sin embargo, ayer en la repartición informaron que no tenían una respuesta oficial por ser los papeles de “mucha antigüedad”.
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, afirmó que las FFAA tienen un derecho propietario sobre los terrenos, pero no supo precisar cuándo obtuvieron el título ejecutorial.
Recordó que la familia El Hage no apareció ni durante el saneamiento para reclamar la titularidad sobre sus predios y ni tampoco antes.
Sin embargo, un formulario de la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz certificó el 21 de agosto reciente que el inmueble registrado con la matrícula N.º 7050000000569 bajo el nombre de Mutún y Aurora Mutún tiene ocho propietarios de la familia El Hage. El documento señala que el registro está vigente. Además existe una carta enviada al presidente Evo Morales en la que hacen conocer la situación de sus tierras, incluso entregan una lista de documentos, entre los que figura el título de propiedad, que se remonta al año 1922.
El fiscal que investiga un supuesto sobreprecio en la venta de tierras del Mutún, Prudencio Flores, señaló que sólo conoce antecedentes de este caso por medios de comunicación.
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence afirmó que conoció el reclamo a través de la Presidencia, pero se remitió el caso al INRA, la responsable en materia de propiedad agraria.
Fiscal observa que convenio por tierras se firmó sin títulos de propiedad
El convenio de negociación del 15 de agosto de 2008 entre el Gobierno y los 18 propietarios de las tierras del proyecto Mutún fue firmado sin que existiera un título ejecutorial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que respaldase el derecho propietario para llegar a un acuerdo.
Así lo informó el fiscal Prudencio Flores, quien está al cargo de la investigación sobre la denuncia del Ministerio de Transparencia en relación con un sobreprecio de dos millones de dólares en la venta de las tierras ubicadas en Puerto Suárez (Santa Cruz), las que el Gobierno entregó a la empresa Jindal Steel and Power como parte de la concesión minera Mutún.
“Los terrenos han estado en proceso de saneamiento a efectos de firmar la transferencia definitiva. Sin embargo, cuando se ha firmado el convenio (entre el Gobierno y los ganaderos), estos predios no contaban con títulos de propiedad emitidos por el INRA (…) pero al momento de hacerse la transferencia ya contaban con éstos”.
Flores señaló que existe un elemento más de investigación porque los hacendados no tenían el derecho propietario pero firman un documento con las “características que tenía la del 15 de agosto de 2008”. Aclaró que esto se establecerá en el informe de elementos conclusivos. No se pronunció sobre si existe o no un delito.
El lunes 12, el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, afirmó que el saneamiento está concluido, mas no precisó cuándo se lo hizo.
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún Guillermo Dalence afirmó que el convenio establece la necesidad de hacer el saneamiento lo antes posible y que sólo se pagó a quienes tenían el título.
Flores estuvo en Puerto Suárez el 15, 16 y 17 de octubre para tomar declaraciones a los 16 propietarios de las tierras y realizar una inspección ocular de las inversiones. El resultado, informó, fue que tomó las declaraciones de tres propietarios (Víctor Hugo Castedo Monasterios, propietario de Santa Gloria; José Alberto Barbery, de la propiedad Dos Hermanos, y Jaime Corvera Tarifa, de Santa Lucía).
Además tomó las declaraciones del alcalde municipal de Puerto Suárez, Romualdo Hurtado, y recorrió las propiedades Tokio, San Silvestre, Santa Ana y Santa Lucía. Señaló que pudo constatar que existen construcciones pero no en todos los predios.
Dalence pagó 71% menos
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence afirmó que el Gobierno pagó 71,1 por ciento menos (5,3 millones de dólares) del precio que habían pedido en principio los 18 ganaderos propietarios de las tierras dentro de la concesión del Mutún.
El valor solicitado era de 7,5 millones de dólares, pero después de las negociaciones se logró bajar a 2,1 millones de dólares.
Este costo fue denunciado como un sobreprecio por el Ministerio de Transparencia, basado en un informe de la ex Superintendencia de Tierras que estableció un valor catastral de 46.000 dólares por las 2.500 hectáreas.
Ayer, Dalence aseguró que no existe un sobreprecio y que el valor se elevó porque se conoció que en la zona se instalaría el proyecto siderúrgico más importante de Sudamérica.
Descartó que se trate de un incremento por las características de la zona o por las carreteras próximas.
Sobre la concesión del Mutún, existen 18 propiedades cuya compra negoció el Gobierno, pero logró un acuerdo por 16, por 1,9 millones de dólares.
Las otras dos eran Santana y la que pertenece a la empresa Ongole, que están en proceso ante el Tribunal Agrario, que falló a favor del Estado.
El proyecto del Mutún
El acuerdo entre la Jindal Steel and Power y el Estado data del 18 de julio de 2007.
El Gobierno comprometió entregar 5.250 hectáreas de la concesión del Mutún a Jindal.
La empresa concesionaria debe empezar sus inversiones en cuanto tenga la propiedad.