El objetivo de la norma, según el oficialismo, es reducir el hacinamiento que afecta a los centros penitenciarios de Bolivia, donde los detenidos preventivos son más del 67%. La norma ha generado cuestionamientos en algunos legisladores de la oposición
Por: eju.tv
Con algunas observaciones, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el jueves la resolución que avala el Decreto Presidencial 5460 de indulto a privados de libertad.
El objetivo de la norma, según el oficialismo, es reducir el hacinamiento que afecta a los centros penitenciarios de Bolivia, donde los detenidos preventivos son más del 67%. La norma ha generado cuestionamientos en algunos legisladores de la oposición.
Beneficiarios
La medida beneficiará a los privados de libertad que cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada y pena privativa de libertad igual o menor a 10 años; sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena.
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También se pueden acoger al beneficio quienes tengan una condena igual o menor a 12 años, que haya cumplido al menos una tercera parte de la condena privativa de libertad.
Además, pueden acogerse al indulto los reclusos que tengan una pena igual o menor a 15 años, que hayan cumplido al menos la mitad de la condena.
Sin embargo, no todos los reclusos pueden acceder al beneficio, la norma marca excepciones.
Excepciones
El decreto excluye de este indulto a cinco grupos de encarcelados:
El privado de libertad que se encuentre sentenciado por delitos que, en la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal, no admitan indulto, incluyendo en grado de tentativa y cualquier tipo de participación. Asimismo, están exentas las personas que, encontrándose privadas de libertad, cometieron otro delito, a cuya consecuencia se encuentren procesados o con condena por el hecho, incluyendo en grado de tentativa y cualquier tipo de participación.
De igual manera, no se beneficia el privado de libertad que sea reincidente; que se hubiera beneficiado con amnistía o indulto en los cinco años anteriores; que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada en delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro; tenencia, porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas.
Tampoco se benefician quienes tengan una sentencia en casos de delitos financieros; robo agravado; robo de minerales y contrabando; delitos contra la libertad sexual, a excepción de los delitos de actos obscenos y publicaciones, y espectáculos obscenos.
Por último, están fuera de la norma los sentenciados por delitos previstos en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz»; delitos de violencia contra las mujeres, determinados en el Capítulo II del Título V de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; y delitos de acoso y violencia política contra las mujeres, incorporados por la Ley 243.
Además, no serán beneficiados los reclusos procesados por delitos cuya víctima sea niña, niño, adolescente, o persona con discapacidad; delitos con víctimas múltiples; delitos de sustancias controladas, tipificados en la Ley 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, cuya sentencia sea mayor a diez años de privación de libertad; y delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito con la agravante de estar bajo la dependencia de alcohol o estupefaciente, conforme la segunda parte del parágrafo I del artículo 261 del Código Penal, salvo que se cuente con acuerdo conciliatorio con la víctima.
Observaciones
En medio del debate, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón advirtió que la medida beneficiará a privados de libertad condenados por tráfico de drogas.
«Lo lamentable que se ha aprobado el decreto de indulto de Luis Arce para promover y favorecer el narcotráfico dando indulto a condenados ejecutoriados con graves delitos de narcotráfico», señaló el legislador.
La diputada del MAS Betty Yañíquez defendió la norma y dijo que del 100% de la población penitenciaria, solo el 33% tiene sentencia ejecutoriada, mientras que el 67% está con detención preventiva.
«No hay suficientes baños, duchas. Realmente es lamentable», expresó la diputada.