La petición de la alianza Libre para auditar las más de 34.000 actas y las movilizaciones por presunto fraude vuelven a poner sobre la mesa un principio básico: pedir transparencia es legítimo; difundir acusaciones sin evidencia, peligroso.
El Sirepre fue alabado por las misiones de observadores. Foto: El Deber
La solicitud formal de la alianza Libre para acceder a las 34.000 actas de mesa y las protestas que acompañaron el reclamo ha reabierto un debate crítico en la democracia boliviana: el derecho a exigir certeza frente al deber de sustentar las acusaciones con pruebas verificables. Ante la ausencia de evidencia plena que respalde la hipótesis de fraude y los informes de las misiones de observadores internacionales que avalan la transparencia del proceso, la discusión debe moverse del rumor a procedimientos técnicos y auditables que permitan dirimir dudas sin dañar la institucionalidad democrática.
La alianza Libre remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una petición para acceder a las más de 34.000 actas de votación de las mesas bajo la sospecha de ‘inversiones’ de resultados puntuales y por un presunto corte de energía que supuestamente afectó al Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre). Estas afirmaciones motivaron concentraciones en varias ciudades y una fuerte atención mediática; sin embargo, las irregularidades presentadas hasta ahora se apoyan en la mayoría de los casos en publicaciones en redes sociales o en testimonios aislados.
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Además, las misiones internacionales, entre ellas la de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), emitieron reportes preliminares que describen la jornada como correctamente organizada y conforme a estándares internacionales; señalaron también que no detectaron problemas estructurales que pongan en riesgo la integridad del cómputo ni del Sirepre. Es decir: mientras actores políticos piden verificaciones exhaustivas, observadores internacionales han reivindicado la transparencia general del proceso.
“Vemos que los cómputos oficiales donde más del 90 por ciento de las actas ya han sido computadas a través del SCORC, coinciden con los resultados que había dado el Sirepre. Entonces, aquí una vez más se afianza la confiabilidad de los resultados que han sido presentados por el Tribunal Supremo Electoral”, señaló la pasada jornada el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE), Davor Stier, quien puntualizó que el sistema no sufrió interrupción alguna, el cual fue controlado por un especialista en informática enviado directamente desde Bruselas, Bélgica.
Los observadores acompañaron el trabajo del Sirepre. Foto: MOE-UE
En materia electoral acusar de fraude tiene un efecto inmediato sobre la legitimidad y la calma social tal cual se vio en las pasadas horas. Las denuncias que pongan en cuestión resultados oficiales deben ser acompañadas de evidencia verificable como actas físicamente firmadas y cotejables, registros de transmisión, testimonios documentados de delegados, o patrones estadísticos consistentes; para no convertir una duda en una narrativa que polarice y paralice. Lanzar delaciones sin esa base pone en riesgo la confianza ciudadana y eleva la probabilidad de movilizaciones que amplifican el problema.
Las auditorías electorales son herramientas válidas de verificación, pero no todas se aplican igual. Los métodos internacionales permiten, mediante muestreo estadístico de actas o boletas, confirmar si el resultado reportado es correcto con altos niveles de confianza sin necesidad de un recuento absoluto de todas las mesas. Estas técnicas están aprobadas como prácticas eficientes y creíbles para dirimir dudas sobre resultados. Exigir una auditoría técnica y acordada entre las partes –en lugar de un recuento masivo sin método– es la mejor ruta porque combina rigor y rapidez.
De todas maneras, aquellos que tienen dudas razonables sobre alguna irregularidad, por responsabilidad, antes de lanzar la denuncia deben documentar y presentar evidencia puntual; por ejemplo, en el caso actual, si existen mesas con ‘inversiones’ del conteo o irregularidades, lo mínimo que deben entregar es la precisión del número de recinto y mesa donde se produjo el supuesto hecho y remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las actas originales y las denuncias firmadas por delegados para trámite inmediato. Esto evita auditorías generalizadas innecesarias.
Libre pide las actas y las hojas de trabajo. Foto: APG
Al respecto, el vocal electoral Gustavo Ávila, una vez conocida la petición de la Alianza Libre, señaló que, “Invito a descargar las 34.000 actas, infórmense, entren al sistema, verifíquenlo. Esa es la forma en la que tenemos que actuar todos los bolivianos de manera responsable”. Posteriormente, el TSE, informó que Libre podrá acceder este miércoles 22 de octubre a las imágenes de las actas transmitidas por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), correspondientes a la jornada electoral del pasado domingo 19 de octubre.
Lo cierto es que, si bien la protesta es un derecho constitucional, acusar sin prueba es una irresponsabilidad cuando la paz democrática está en juego. Si existen dudas serias, deben canalizarse por vías técnicas, con evidencia y con métodos de auditoría confiables. Si no hay pruebas convincentes, persistir en una narrativa de fraude sin sustentación profundiza la fractura política. Las misiones internacionales ya han hecho su evaluación preliminar: corresponde ahora que los detractores presenten evidencias verificables o acepten el mecanismo de revisión para cerrar el impasse con datos y no con consignas.