Entre la pragmática apertura del presidente electo y la resistencia de sectores que ven en la DEA un riesgo para la soberanía, crece la presión por cooperación internacional ante redes más sofisticadas y clanes familiares que operan en Bolivia.

El debate sobre el eventual retorno de la Oficina para el control de drogas estadounidense (Drug Enforcement Administration – DEA) a Bolivia –ausente desde su expulsión en 2008 por el gobierno de Evo Morales– ya no es solo un reclamo político, se ha convertido en un eje central de la discusión pública sobre seguridad, corrupción institucional y las capacidades estatales para pelear contra el negocio ilícito que amenaza tomar el control del devenir político, económico y social del país.
Tras la victoria de Rodrigo Paz, que prometió reabrir la relación con Estados Unidos y ‘abrir Bolivia al mundo’, el clamor por apoyo externo se intensificó, mientras que voces del oficialismo y exfuncionarios advierten sobre riesgos políticos y decisiones que afectan la soberanía. Desde sectores cívicos y de la oposición se sostiene que la magnitud y sofisticación del narcotráfico –hoy con rutas y vínculos regionales más complejos– obligan a recuperar capacidades de inteligencia y cooperación que el país perdió o nunca logró consolidar.
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“La ayuda de la DEA es importantísima en estos momentos. En estos 20 años el narcotráfico se ha expandido con libertad y complicidad política. Necesitamos cooperación internacional real para cortar este cáncer”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz. El dirigente sostuvo que Bolivia no puede aislarse del mundo mientras los carteles operan con libertad. “No se trata de orgullo nacional ni de política ideológica, se trata de seguridad ciudadana. Si hay organismos que pueden venir a colaborar, deben hacerlo ya”, enfatizó.
El choque de discursos quedó expuesto con declaraciones de figuras de la administración saliente. El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo afirmó que ‘no es necesario’ el retorno de la DEA ya que Bolivia cuenta con ‘los elementos necesarios para luchar contra el narcotráfico’, postura que representa la postura del Movimiento al Socialismo (MAS) que rechaza el retorno de la agencia extranjera para la tarea de interdicción. Esa posición alimenta el temor en sectores oficialistas de que la presencia de esa agencia se traduzca en injerencia política del gobierno de Estados Unidos.

La apertura del presidente electo, Rodrigo Paz, a una posible cooperación con agencias internacionales en la lucha antidrogas, incluida la DEA estadounidense, provocó la primera confrontación con el expresidente Evo Morales y sus bases cocaleras, que supone un anticipo de la tensa relación que tendrán el próximo gobierno y el evismo. Los productores de coca anunciaron que no permitirán su asentamiento en el Trópico de Cochabamba, con el argumento de que el artículo 10 de la Constitución lo prohíbe. “Va a volver la DEA, por Constitución no pueden estar extranjeros armados en el territorio nacional”, aseguró Morales.
En contrapartida, el presidente electo Rodrigo Paz ha planteado la necesidad de ‘reabrir’ vínculos internacionales y de recuperar cooperación técnica que incluya ayuda en inteligencia, equipamiento y entrenamiento. “Tenemos que volver a integrarnos con el mundo y construir alianzas que fortalezcan nuestras instituciones”, señaló en declaraciones públicas tras su triunfo, una señal política que habilita la negociación para la llegada de agencias extranjeras incluida la DEA, bajo un marco legal y de supervisión clara.
Paz fue más allá, tras un encuentro con sectores productivos y empresariales en Santa Cruz, advirtió que ‘el que quiera oponerse’ a la lucha contra actividades ilícitas ‘tendrá que meditar claramente cuál es su situación en Bolivia’. Sostuvo que el país no debe temer a la cooperación internacional, mencionando no solo a Estados Unidos, sino también a Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile. “Nadie le debe tener temor a aquellas instituciones de orden internacional que quieran cooperar con Bolivia luchar contra los ilícitos ¿O queremos seguir siendo un país corrupto?”, cuestionó el mandatario electo.
La Alianza Libre, segunda fuerza con representación parlamentaria, también tiene la misma postura. “No tenemos ningún complejo de que venga la DEA, ¿por qué no va a venir? La lucha contra el narcotráfico debe ser de frente, quien no quiere que venga la DEA es porque algún interés tiene. Nuestros jóvenes están entrando en las drogas y no podemos seguir permitiéndolo.”, afirmó Carlos Palenque, vocero de la Alianza Libre, durante la campaña electoral, posición que es refrendada por su líder, Jorge Tuto Quiroga.

Los argumentos a favor del retorno descansan en hechos concretos; un reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) da cuenta sobre la presencia de ‘clanes familiares’ y estructuras más horizontales en Bolivia que operan para evitar controles y articular rutas internacionales, lo que obliga a pensar regionalmente y con aliados que aporten inteligencia e interdicción transnacional. El informe subraya cómo estos grupos ya no funcionan solo como organizaciones territoriales tradicionales, sino como nodos que se adaptan y externalizan operaciones al margen del control estatal.
Además, el tráfico de cocaína y derivados hoy combina rutas terrestres, fluvial y marítima hacia mercados en Europa, África y Norteamérica, con sofisticación logística que supera la capacidad operativa de la Policía Boliviana, tal cual fue reconocido por el propio gobierno actual. Experiencias regionales muestran que la DEA aporta herramientas – desde inteligencia a tecnología de seguimiento – que varios países vecinos han reclamado para reforzar operativos en la región golpeada por la actividad de estos grupos delincuenciales. La demanda por ayuda es una respuesta pragmática ante realidades delictivas que atraviesan fronteras.
Evo Morales y el MAS rechazan el regreso de la DEA por tres razones: la agencia fue expulsada supuestamente por acusaciones de injerencia política; la fragilidad institucional que podría permitir interferencias del gobierno estadounidense; y) el riesgo que corren las comunidades cocaleras de ser estigmatizadas como favorecedoras del negocio ilícito como sucedió antes de la primera asunción del dirigente cocalero.
Por otro lado, analistas, sectores cívicos y líderes políticos plantean que sin asistencia internacional la política antidrogas seguirá siendo reactiva y parcial. La premisa es que el país necesita cooperación, intercambio de inteligencia y logística para golpear las estructuras que hoy se ocultan detrás de productores y economías informales. Aseguran que el narcotráfico ha permeado a los organismos que tienen la misión de combatirlo, así como a otras instituciones estatales.

La decisión sobre la DEA no será solo técnica; será política. El Gobierno entrante deberá negociar en la arena nacional y con actores regionales: comunidades cocaleras, gobiernos departamentales, la Asamblea Legislativa Plurinacional y organismos de derechos humanos. Si la cooperación internacional se diseña con controles, plazos y evaluación externa, puede convertirse en una palanca para recomponer capacidades estatales y disminuir la violencia y la impunidad ligadas al crimen organizado.
El retorno de la DEA a Bolivia es hoy una posibilidad real y polémica que sintetiza dos certezas: por un lado, la urgencia de reforzar la lucha contra redes que operan con sofisticación transnacional; por otro, la profunda desconfianza que existe hacia intervenciones extranjeras sin contrapesos institucionales. La discusión pública ya empezó. Lo que viene es la parte más difícil: traducir declaraciones políticas y demandas sociales en acuerdos técnicos, transparencia y reformas institucionales que permitan que cualquier ayuda internacional rinda resultados reales.