El controvertido caso, denominado ‘Zuñigazo’, levanta sospechas de manipulación política del incidente por parte del Gobierno. El caso no fue esclarecido hasta hoy
Fuente: eldeber.com.bo
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La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia encaró sus últimos días de la legislatura 2020-2025 con decisiones que van a marcar el espectro político nacional. En su sesión ordinaria número 212, iniciada el martes 28 de octubre y que se extendió la jornada de ayer, el pleno aprobó el informe final Nº 118/2024-2025 de la Comisión Especial que investigó el presunto golpe de Estado del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”.
El documento de 112 páginas contiene conclusiones y recomendaciones dirigidas principalmente al Fiscal General del Estado, a quien el Senado solicita abrir una investigación contra varias autoridades y ex autoridades del Gobierno de Luis Arce Catacora, entre ellas el ex ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.
La comisión, creada mediante la Resolución Camaral 042/2024, del 4 de julio de 2024, estuvo conformada por nueve senadores y su trabajo abarcó entrevistas, revisión de informes, documentos y materiales audiovisuales.
El senador William Torrez, del ala “evista” del MAS, presentó al pleno las conclusiones y destacó que, pese a la falta de recursos (denunció que el Ejecutivo negó el desembolso presupuestado para contratar 14 investigadores), la investigación logró sistematizar 50 archivadores con documentación de respaldo.
“Hay elementos que demuestran manipulación política. Se usaron recursos del Estado para fabricar una narrativa”, afirmó.
El informe recomienda una serie de Resoluciones Camarales que solicitan investigaciones formales a la Fiscalía General del Estado contra Eduardo del Castillo, Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior; Roberto Ríos Sanjinés, ex ministro de Seguridad Ciudadana y actual ministro de Gobierno, por la presentación pública de detenidos ante los medios, sin autorización judicial.
También por el documental “¿Qué pasó el 26 de junio en Bolivia?”, que habría utilizado recursos del Estado para reforzar una narrativa política; contra funcionarios del Ministerio de Gobierno y de Régimen Penitenciario por obstaculizar las labores de la comisión legislativa; contra miembros del Tribunal Superior de Personal de las FFAA, por emitir bajas irregulares contra militares vinculados al caso, y contra fiscales del caso “Zuñigazo”, por obstaculizar las labores de fiscalización parlamentaria.
Luego de la lectura, el Pleno de la Cámara de Senadores resolvió aprobar el informe.
Voces del Senado
El senador Félix Ajpi, del ala “androniquista” del MAS, expresó que las investigaciones no hallaron pruebas concluyentes de un golpe o autogolpe. “Ninguno de los entrevistados sostiene que hubo un golpe planificado. Todo apunta a una acción aislada de Zúñiga”, señaló.
“Las investigaciones dicen que hay personas que evitaron que hagan la entrevista a Zúñiga. Todas las entrevistas (a otros involucrados) apuntan a Zúñiga. que él se trajo a La Paz a militares, (carros) blindados, pero no para combate. Utilizaron armas de fuego que eran de instrucción. (Eso) significa que no hubo golpe ni autogolpe, pero el Gobierno aprovechó esto para levantar su imagen”, agregó.
Por su parte, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que el hecho provocó un “daño enorme a la imagen internacional del país”, y lamentó que las condiciones políticas impidieran esclarecer la verdad.
“Si fue golpe o autogolpe o una payasada, el daño fue enorme, de eso no se vuelve. Necesitamos llegar a la verdad de los hechos y es claro que en ese contexto no fue posible, porque directamente los involucrados estaban en el poder”, explicó la legisladora.
Se acaba la gestión
Tras la aprobación del informe, el senador Torrez agradeció al equipo técnico de la comisión y reiteró que el material recopilado se encuentra “debidamente sistematizado para evitar extravíos”.
El Senado se prepara ahora para la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, prevista para el viernes 31 de octubre, en la que se presentarán los informes finales del presidente de Diputados, Omar Yujra, y del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, antes de la clausura oficial del periodo constitucional legislativo 2020-2025.
Los nuevos legisladores, electos en los comicios del 17 de agosto, asumirán funciones el 8 de noviembre próximo, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país.