La entidad, que representa al sistema financiera, expresa su preocupación por la aprobación del Proyecto de Ley 547, que suspende temporalmente embargos y permite diferir pagos de créditos, medida que, según afirma, puede alterar el flujo del sistema financiero nacional.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), junto con la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), manifestó este viernes su preocupación por la reciente aprobación del proyecto de Ley 547/2024-2025, sobre la Ley de Diferimiento de Créditos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Advierten que la aplicación de esta norma alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa en la liquidez de las entidades de intermediación financiera y que afectará su capacidad de dar créditos.
«Esta medida alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa en la liquidez de las entidades de intermediación financiera, afectando su capacidad de continuar otorgando créditos a familias, emprendedores y empresas, con consecuencias directas sobre la actividad económica del país», señala el comunicado conjunto emitido por el sector financiero.
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Enfatizan que, la aplicación de un diferimiento generalizado y automático, como el aprobado, sin mecanismos compensatorios adecuados ni análisis de los prestatarios verdaderamente afectados, puede debilitar la estabilidad del sistema financiero y poner en riesgo la confianza del público.
La posición de Asoban, Asofin y Finrural se da luego que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron este viernes el proyecto con mayoría absoluta durante la última sesión del periodo legislativo 2020-2025.
El vicepresidente David Choquehuanca pidió a los parlamentarios a favor de la norma ponerse de pie y levantar la mano, constatando que existía la mayoría requerida. El proyecto recibió el respaldo de 76 votos, alcanzando los dos tercios necesarios, y fue sancionado tras dos rondas de votación. La norma será remitido al Poder Ejecutivo para su revisión y su posterior promulgación.
Según el justificativo de las autoridades del Gobierno saliente, que remitieron la norma a la ALP, la normativa busca aliviar la carga financiera de prestatarios afectados por bloqueos, eventos climáticos y otras contingencias, mediante la suspensión temporal de embargos y la posibilidad de diferir los pagos de créditos de vivienda de interés social y de microempresas.
Según el texto aprobado, la medida no implica condonación de deudas ni aumento en las tasas de interés, sino una prórroga de los pagos para otorgar un respiro económico a los sectores más vulnerables.