El economista recordó que medidas similares solo se justifican en situaciones extremas, como la pandemia, cuando la población no podía generar ingresos.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El economista Fernando Romero advirtió que la Ley de Diferimiento de Créditos representa una nueva intervención del Estado en la actividad privada, generando una señal negativa para el sistema financiero y los inversionistas.
“Yo veo esto como una nueva intervención del Estado en una actividad privada. Es como si se dictara un decreto que impida a los restaurantes cobrar a sus clientes o les fije un precio. Eso no es una buena señal ni para el sistema financiero nacional ni para los inversionistas dentro y fuera del país”, explicó Romero en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
El economista subrayó que, si bien la ley tiene un fin social, su aplicación generalizada podría afectar la confianza de los agentes económicos, además de introducir mayor incertidumbre en un contexto de recesión económica.
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Romero también recomendó a las personas con créditos analizar cuidadosamente su situación antes de acogerse al diferimiento, recordando que la norma no es obligatoria. “El artículo cuarto de la ley establece que quienes deseen continuar con el pago normal de sus créditos pueden hacerlo. Mi recomendación es que se informen bien, se asesoren y evalúen su caso individual antes de tomar una decisión”, señaló.
Asimismo, consideró que la medida debió ser focalizada hacia los sectores realmente afectados por dificultades financieras. “No digo que no debía haber una normativa, pero debió orientarse a quienes están atravesando problemas reales para pagar sus créditos. Implementar una ley general y universal, en este momento económico del país, es muy delicado”, sostuvo.
Romero recordó que medidas similares solo se justifican en situaciones extremas, como la pandemia, cuando la población no podía generar ingresos. “Hoy no estamos en un contexto de emergencia sanitaria ni de parálisis económica total. Por eso, aplicar una ley de diferimiento para todos es innecesario y contraproducente”, indicó.