Sin embargo, los oficiales acusados mantienen la versión de que existió complicidad gubernamental y ocultamiento de pruebas y enfatizan que nunca se revisó el celular del general Zúñiga, lo que para ellos evidencia una investigación deliberadamente incompleta.
El mayor Miguel Fernando Iriarte Sandoval, uno de los oficiales investigados por la toma militar de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, declaró que él y sus compañeros solo cumplían órdenes superiores en un operativo que habría sido planificado y montado por el propio gobierno de Luis Arce, que involucraría directamente al presidente, su exministro Eduardo Del Castillo, al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y también al general Juan José Zúñiga.
«Yo creo que en su momento el general Zúñiga sacará a luz quienes fueron realmente los principales responsables, pero, como se dice, el Gobierno tenía algo planificado a través del general Zúñiga, que era nuestro comandante de Ejército, y nosotros como subalternos lo único que hicimos es cumplir órdenes», afirmó a Radio Fides el militar perteneciente al grupo conocido como ‘Los Pachajchos’.
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Desde su posición de investigado, Iriarte fundamentó su defensa en la cadena de mando e identificó con nombres y apellidos a quienes considera los arquitectos del operativo. «No se olvide que el Gobierno está basado con el presidente, que es Luis Arce Catacora, el (entonces) ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el (viceministro) Johnny Aguilera, quien es viceministro de Gobierno del régimen de seguridad», detalló Iriarte.
La acusación se extendió hacia el mayor Leonel Elio Sanjinés Rada, a quien señaló como operador directo del viceministro Aguilera. «Se puede decir, actualmente, que hay indicios de que el mayor Sanjinés se encuentra trabajando para el general Aguilera», reveló Iriarte, mientras que sobre Del Castillo afirmó que «no se olvide que es el nexo entre Arce Catacora» y así completó su mapa de presuntas responsabilidades.
Iriarte describió un elaborado mecanismo de manipulación psicológica implementado mientras se encontraban detenidos. «Cuando nos encontrábamos en las celdas de la FECC, el mayor Sanjinés se reunía con cada uno de los miembros del hecho. Personas que se encontraban en shock, no sabían lo que hacían», relató el militar que explicó cómo se les indujo a declarar versiones convenientes para el Gobierno de Arce.
El testimonio detalla métodos específicos de coerción del mayor Sanjinés desde reuniones con cada uno de los oficiales aprehendidos y ordenarles lo que debían decir a la Fiscalía y medios luego recién recibir “ayudar» por parte de las autoridades.
Estas declaraciones contrastan con el informe de 112 páginas de la comisión especial que investigó los sucesos, el cual identifica a Iriarte y otros tres oficiales con grado de mayor, además de Zúñiga en el grupo conocido como ‘Los Pachajchos’ quienes «direccionaron de manera irregular al personal militar» hacia la Plaza Murillo «bajo los ficticios escenarios de un supuesto ejercicio de seguridad».
La investigación parlamentaria señala que estos oficiales pertenecían a la Compañía de Inteligencia – 297, dependiente del Departamento II de Inteligencia del Ejército y eran «hombres de extrema confianza de Zúñiga».
Sin embargo, los acusados mantienen la versión de que existió complicidad gubernamental y ocultamiento de pruebas y enfatizan que nunca se revisó el celular del general Zúñiga, lo que para ellos evidencia una investigación deliberadamente incompleta.