La crisis que motivó estos cambios estalló cuando el Ministerio Público allanó el martes el Distrito Comercial Amazónico de YPFB en Riberalta y la Estación de Servicio Héroes del Chaco, donde se secuestraron equipos de computación como evidencia. El fiscal Stevens Andrei Heredia ejecutó el operativo por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, peculado y enriquecimiento ilícito.
En respuesta a una investigación fiscal por presunta venta irregular de diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) removió al distrital comercial amazónico y posesionó a Guillermo Durán Marpartida, con el mandato explícito de cooperar con la justicia y erradicar las prácticas irregulares en la región.
«Es momento de sentar un precedente y estamos encaminados a evitar cualquier acto de corrupción y confiamos en todo el trabajo que se va hacer desde el punto de vista de manera técnica y acompañar toda la investigación que está desarrollando la Fiscalía», manifestó el presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly Flores, durante el acto de posesión.
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La medida se enmarca en la política de «cortar de raíz» los hechos de corrupción, alineada con el mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira. El nuevo distrital comercial amazónico asumió el compromiso de colaboración plena con las autoridades judiciales.
«Mi persona va a coadyuvar en todas las actividades administrativas y operativas con la Fiscalía Departamental del Beni, para que se puedan aclarar estos sucesos. Se van a tomar las acciones legales y penales, para que se pueda dar con los autores y coautores», expresó Durán Marpartida durante su posesión en Riberalta.
La crisis que motivó estos cambios estalló cuando el Ministerio Público allanó el martes el Distrito Comercial Amazónico de YPFB en Riberalta y la Estación de Servicio Héroes del Chaco, donde se secuestraron equipos de computación como evidencia. El fiscal Stevens Andrei Heredia ejecutó el operativo por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, peculado y enriquecimiento ilícito.
Según la investigación, los implicados, particulares y presuntos funcionarios de YPFB, habrían aprovechado el contexto de escasez de combustible para desviar diésel. La presunta red operaba entregando montos menores a las estaciones de servicio y canalizando el combustible hacia aserraderos y clientes directos en Riberalta y Guayaramerín.
Como muestra de la nueva política de tolerancia cero, YPFB no solo destituyó al anterior distrital el mismo día del allanamiento, sino que anunció que coadyuvará activamente en la investigación y presentará querella criminal contra los responsables de los ilícitos denunciados, con lo que marca un punto de inflexión en la gestión de la estatal petrolera.