La prolongada injerencia del MAS dejó un sistema judicial colapsado, sin legitimidad y con hitos de degradación que hoy obligan a encarar una reforma de emergencia.
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Foto: TDJ
La cumbre por la justicia que inicia este viernes en Sucre se desarrolla bajo la sombra de un diagnóstico contundente: dos décadas de control político ejercido por el MAS derivaron en la peor crisis judicial desde el retorno a la democracia. La presencia de los cuatro órganos del Estado en el “Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial” evidencia no solo la magnitud del problema, sino la urgencia de articular una salida institucional que supere el deterioro acumulado en el sistema judicial del país.
Entre los hitos más críticos se encuentra la manipulación de las designaciones y procesos disciplinarios dentro del Órgano Judicial, que permitió consolidar redes de lealtad política y neutralizar a magistrados independientes. La elección judicial por voto popular, instaurada por el Movimiento al Socialismo (MAS), terminó convertida en un mecanismo para legitimar autoridades afines, en procesos marcados por una clara injerencia del partido azul en la nominación de los candidatos, quienes conformaron un apéndice del Ejecutivo.
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Empero, el sociólogo y académico Franco Gamboa señala que esa acumulación del poder también determinó el fracaso del MAS. “El fracaso del MAS no es únicamente moral o político, es también epistemológico. Se basó en la creencia ingenua de que el poder popular podía sustituir a las instituciones, cuando en realidad las destruyó. Al anular la independencia judicial, manipular la Constitución y convertir la participación en un ritual controlado desde el Ejecutivo, el MAS vació de contenido el principio mismo de la democracia”, afirma.
Otro punto de quiebre fue el uso de la justicia como instrumento de persecución política. Durante años, opositores, periodistas, líderes cívicos y activistas fueron sometidos a procesos basados en delitos genéricos, como sedición o terrorismo, mientras que los casos que involucraban a autoridades o militantes oficialistas quedaban paralizados o eran archivados sin explicación. Los tribunales que debían proteger al Estado terminaron por ser cómplices, o partícipes de la degradación de la institucionalidad.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, es uno de los propulsores de un cambio en la justicia. Foto: Abi
Y no es solo una percepción nacional sobre la crisis profunda que atraviesa la justicia boliviana, la cual vuelve a quedar en evidencia en el reciente informe del World Justice Project (WJP), donde Bolivia figura otra vez entre los países con peor desempeño judicial del mundo, concretamente ocupa el 131 de 143 naciones evaluadas. Para el abogado y ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, el estudio solo confirma la realidad judicial conocida por todos: ‘Bolivia está en muy mal estado’.
La decadencia del sistema observado por propios y extraños también alcanzó la estructura administrativa: retardación crónica, falta de jueces, sobrecarga procesal y corrupción sistematizada que, según informes internos, operaba mediante sobornos, cobros irregulares y manipulación de expedientes. Todo esto ocurrió bajo una lógica de impunidad alimentada por la ausencia de controles externos eficaces.
Los casos patentes que lastiman a la sociedad son aquellos que desnudan el nivel de podredumbre del sistema judicial, claro ejemplo es el de Richard Mamani Martínez, quien fue liberado en julio de este año tras permanecer casi una década tras las rejas. Con 19 años, ingresó al penal de Morros Blancos, en Tarija, y fue condenado a 20 años por un delito que jamás cometió, la violación de una menor de edad. Nueve años después, la Justicia, lentamente, corroboraba la inocencia que él siempre sostuvo. Como ese hay varios otros casos.
Rodrigo Paz habla de una ‘cloaca’ institucional. Foto: El Deber
El caso de Richard es representativo, porque fue una sentencia ejecutoriada basada en puras declaraciones, sin los procedimientos que debe seguir una indagación de esas características. Según una investigación del periódico El Deber, la falta de recursos económicos de la familia y la ausencia de un acompañamiento jurídico adecuado también incidieron en la prolongación de su encarcelamiento. La carga procesal y la dilación configuran otra parte fundamental para la mala administración judicial.
El analista Otto Ritter señala que la justicia en Bolivia enfrenta problemas estructurales que requieren cambios inmediatos. “La justicia es lenta, corrupta y politizada”, indica. Entre sus propuestas principales, Ritter destaca la necesidad de digitalizar los procesos judiciales, aumentar el presupuesto para el funcionamiento del sistema y garantizar mayores sanciones para jueces corruptos, incluyendo penas de hasta 30 años de presidio sin derecho a indultos.
Ese sucinto panorama confirma que la cumbre de Sucre se instala, por tanto, en un escenario donde la legitimidad judicial está en su nivel más bajo. El propio presidente Rodrigo Paz encabeza el encuentro con el desafío de desmontar un modelo institucional degradado y reconstruir un sistema que, tras veinte años de manipulación, se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad y desconfianza pública. Las decisiones que se tomen definirán si existe una voluntad real para la depuración de la justicia.