El diálogo interinstitucional en Sucre marcó consensos clave sobre presupuesto, norma, carrera judicial y tecnología, pero el reto es traducir las propuestas en reformas concretas y legales lo antes posible.
El presidente Rodrigo Paz rodeado de autoridades judiciales. Foto: El Diario
La Primera Cumbre Interinstitucional para la Reforma Judicial, celebrada recientemente en Sucre con más de 500 participantes, colocó sobre la mesa un plan ambicioso para transformar el sistema de justicia boliviano. Bajo el liderazgo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el respaldo del propio presidente Rodrigo Paz, la cumbre congregó a representantes de los cuatro órganos del Estado, academia, sociedad civil y actores del sector judicial, con el objetivo de consolidar un consenso que permita una transformación estructural.
El presidente Rodrigo Paz manifestó que la reforma judicial es un mandato que expresó el pueblo durante las elecciones presidenciales y recordó que en los comicios del 17 de agosto la población votó mayoritariamente por las dos fuerzas políticas que plantearon como oferta electoral transformaciones en ese órgano del Estado. “Es una necesidad de la patria que ha sido reflejada un 19 de octubre por voluntad popular. Ambas fuerzas (Libre y ODC) coincidían en la reforma”, manifestó Paz.
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Se dio un avance el pasado jueves ya que se definieron once puntos que servirán para la ruta crítica que supone la transformación de la justicia, Las conclusiones giraron en torno a cuatro ejes temáticos prioritarios: reforma normativa, presupuesto judicial, carrera judicial y modernización tecnológica. Uno de los pedidos más contundentes durante la cumbre fue la suspensión inmediata de los magistrados autoprorrogados. La medida fue respaldada de manera unánime con el argumento de que su permanencia debilita la legitimidad institucional.
Además, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, ha denunciado legalmente su continuidad en incluso pidió en reiteradas oportunidades un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Resta ver cómo será el camino que se tome para hacer efectivo el cese de funciones de Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, los magistrados que se autoprorrogaron en sus cargos.
Se planteó que el poder judicial reciba un mínimo equivalente al 5 % del Tesoro General de la Nación, mediante una ley específica, a fin de garantizar su independencia y funcionamiento eficaz. También se abordó un presupuesto adicional para la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), reconociendo su deuda histórica. “No queda más en trabajar ahora en este ámbito de materialización, de poner en práctica todo lo discutido para ir transformando la justicia”, apuntó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Chuquisaca, Carlos Ortega.
La cumbre judicial se realizó el pasado jueves. Foto: Erbol
“Para garantizar la independencia judicial, ampliar su espectro, dotarla de tecnología e incluso fortalecer mecanismos alternativos, es necesario garantizar que en la Constitución Política del Estado se encuentre garantizado un presupuesto en favor de la administración de justicia, que no sea inferior al 3% del PGE. Por otro lado, con mayor nivel de urgencia, por su trascendencia, urge recuperar el Tribunal Constitucional como guardián de la CPE y no como herramienta de aniquilamiento de la convivencia y seguridad jurídica de nosotros, los bolivianos”, señala el académico y exdiputado Daniel Valverde.
El presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, señaló también que el encuentro permitió sentar las bases para las reformas en el Poder Judicial. Además, destacó la necesidad de un trabajo a mayor profundidad para consolidar las transformaciones. “No tenemos una varita mágica para que cambiemos de la noche a la mañana el sistema, tenemos una deuda histórica con la ciudadanía boliviana. Una vez tabuladas las conclusiones procederemos a convocar un conversatorio con miras a la cumbre judicial”, expresó.
Los participantes coincidieron en que la cumbre no es un fin sino un punto de partida. Saucedo aseguró que se trabajará en un documento oficial con conclusiones consensuadas que deberá traducirse en proyectos legales concretos y reformas institucionales. Para que los compromisos se concreten, se necesitará voluntad política, recursos presupuestarios y un seguimiento riguroso desde la ALP, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Si esta fase inicial logra mantenerse en marcha, la reforma judicial podría dar un salto hacia una justicia más independiente, moderna y accesible para todos los bolivianos.