El diputado Carlos Alarcón presentó un proyecto de ley que exige la salida inmediata de los magistrados autoprorrogados y propone que los suplentes electos asuman de forma transitoria en el Tribunal Constitucional para restaurar la seguridad jurídica del país.
eju.tv / Video : Gigavision Red Nacional
La Paz.-El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de ley que plantea la cesación inmediata de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que su permanencia constituye “la peor señal de inseguridad jurídica” para Bolivia y para la comunidad internacional.
Alarcón explicó que la primera recomendación surgida del Diálogo por la Justicia realizado en Sucre fue precisamente la salida inmediata de los cinco magistrados autoprorrogados del TCP y los dos del TSJ, quienes actualmente continúan en funciones pese a la conclusión de su mandato.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“El proyecto de ley plantea que tiene que cesar ese ejercicio ilegal de funciones”, sostuvo.
Como medida transitoria, el diputado propone que los cuatro magistrados suplentes del Tribunal Constitucional, elegidos por voto popular en la última elección judicial, asuman funciones de manera permanente junto con los cuatro titulares vigentes. Esta fórmula permitiría conformar un TCP provisional de ocho magistrados electos por voto, hasta que se defina la designación de nuevas autoridades mediante una elección complementaria o a través de una eventual reforma al sistema judicial.
“Mantener a los autoprorrogados es la peor señal de inseguridad jurídica hacia el mundo y hacia Bolivia. ¿De qué seguridad jurídica vamos a hablar para traer inversiones si tenemos usurpadores en el Tribunal Constitucional?”, insistió Alarcón.
El legislador advirtió que la situación actual representa una ruptura del Estado de derecho y un socavamiento del sistema democrático, y que mientras los autoprorrogados permanezcan en funciones, Bolivia carecerá de credibilidad internacional.
“No vamos a tener carta de presentación en el mundo para decir que estamos recuperando la seguridad jurídica cuando la mayor fuente de inseguridad jurídica sigue ahí, en el ejercicio ilegal y prevaricador de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y los dos del Tribunal Supremo”, afirmó.