Yañez considera que la definición de las competencias es urgente para evitar vacíos institucionales que afecten servicios esenciales para la ciudadanía, especialmente en materia de defensa legal, atención a víctimas y regulación profesional.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El constitucionalista Arturo Yáñez expresó su preocupación por las consecuencias institucionales y jurídicas derivadas del cierre del Ministerio de Justicia, decisión anunciada en medio del proceso de reorganización del Órgano Ejecutivo. El experto advirtió que aún no existe claridad sobre qué entidad asumirá las múltiples competencias que ejercía esta cartera de Estado, entre ellas el Registro Público de Abogados (ERPA) y el Servicio de Defensa de las Víctimas (SEDA).
Ante la consulta sobre el futuro de estas funciones, Yáñez señaló que la solución debe estar claramente definida en la nueva norma de organización del Poder Ejecutivo. “Eso es precisamente lo que esta norma tiene que arreglar. El ERPA dependía del Ministerio de Justicia y tendrá que ser transferido a alguna otra dependencia. Lo mismo ocurre con servicios como el SEDA. También debemos preguntarnos si este Ministerio se convertirá en un Viceministerio o en otra estructura”, señaló en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que condicen María Belén Mendivil y Jorge Robles.
El constitucionalista remarcó que la población y los operadores del sistema de justicia están a la espera de esta nueva normativa, que deberá establecer cuántos ministerios y viceministerios tendrá el Ejecutivo, así como sus competencias específicas. “Ahí deben quedar resueltos todos estos detalles, de manera que se determine la estructura completa del Órgano Ejecutivo”, añadió.
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Yáñez también alertó sobre un posible riesgo de inconstitucionalidad en la decisión de cerrar el Ministerio mediante decreto supremo. “Si la norma que estableció la existencia del Ministerio de Justicia fue una ley, entonces solo otra ley puede modificarla o suprimirla. Si se lo está haciendo por decreto, habría una inconstitucionalidad por la forma, sin duda alguna”, afirmó.
Consultado sobre las señales políticas que transmite esta determinación en un contexto de transición y crisis institucional, Yáñez fue categórico al expresar su preocupación al recordar que hace apenas diez días, durante la posesión del nuevo gabinete, el presidente Rodrigo Paz nombró formalmente a un ministro de Justicia, reconociendo plenamente la vigencia de esa cartera.
Posteriormente, en medio de cuestionamientos públicos y denuncias difundidas por el vicepresidente Edman Lara sobre procesos judiciales pendientes del nuevo designado, la decisión del Ejecutivo cambió abruptamente. “Esta tarde el presidente decide sacar ‘tarjeta roja’ a todo el Ministerio, es decir, a toda su estructura. Esto muestra, como mínimo, un nivel de improvisación o incoherencia”, señaló Yáñez.