El constitucionalista sostuvo que, en plena crisis institucional, el vicepresidente Edman Lara prioriza la confrontación y los contenidos en redes sociales, en lugar de contribuir a la estabilidad y coordinación del Gobierno.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El constitucionalista Arturo Yáñez advirtió que la eliminación del Ministerio de Justicia representaría un grave retroceso para la transformación profunda que requiere el sistema judicial boliviano, pues considera que lejos de contribuir al proceso de reorganización del Estado, esta decisión podría frenar las reformas estructurales que el país necesita con urgencia.
Yáñez dijo que Bolivia atraviesa una coyuntura crítica que demanda una reforma integral del sistema de justicia, que incluya al Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Defensa Pública. En ese contexto, remarcó que es indispensable contar con un órgano dentro del Ejecutivo que actúe como nexo técnico y político.
“Necesitamos urgentemente una instancia en el Ejecutivo que coordine el conjunto de reformas constitucionales, legales y estructurales. No se le puede pedir al presidente Rodrigo Paz que haga solo un trabajo de filigrana jurídica de esta magnitud. Requiere de un nexo especializado. Si haces desaparecer esa figura, estás debilitando la transformación que el país exige”, sostuvo Yañez en La Hora Pico de eju.tv que conducen María Belén Mendivil y Jorge Robles.
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El constitucionalista también alertó sobre un error de juicio que estaría afectando el debate público. “Estamos cayendo en un sesgo cognitivo. Recordamos el desastre que representó el Ministerio de Justicia bajo gestiones como las de Lima o Arce, donde hubo injerencia política y abuso. Pero estamos confundiendo a las personas con la función institucional que debe cumplir un Ministerio de Justicia”, manifestó.
Yáñez insistió que esta cartera no debe desaparecer, sino reformularse y corregir los excesos del pasado. Como ejemplo, mencionó el Viceministerio de Transparencia, que —según dijo— se convirtió en una herramienta de presión política y debería ser reevaluado, dejando investigaciones anticorrupción en manos del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado.
Señales políticas preocupantes
Más allá del plano técnico, Yáñez advirtió que la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia también envía señales políticas inquietantes en un momento delicado para el país. Recordó que hace apenas unos días el presidente Rodrigo Paz había posesionado a un nuevo ministro de Justicia, reconociendo la vigencia de esta cartera.
Sin embargo, en cuestión de horas, y tras un video del vicepresidente Edman Lara cuestionando al designado por supuestos procesos judiciales, el Gobierno optó por eliminar completamente el Ministerio.
“Esto muestra un nivel de improvisación o incoherencia. No puedes posesionar a un ministro, cesarlo por un TikTok y luego suprimir toda la institución. En un contexto de multicrisis, se necesita un gobierno coherente y articulado, no decisiones impulsivas”, afirmó Yáñez.
El rol del vicepresidente en la crisis
El constitucionalista también se refirió al comportamiento reciente del vicepresidente Edman Lara, a quien calificó como contradictorio y fatuo. Señaló que, en plena crisis institucional, el segundo mandatario ha priorizado la confrontación y los contenidos en redes sociales, en lugar de contribuir a la estabilidad y coordinación del Gobierno.
“No es gobernar hacer videos de TikTok. Hemos visto actitudes que no construyen, que generan serrucho dentro del propio Ejecutivo. En esta etapa inicial, estas señales son muy preocupantes”, remarcó.
Yáñez dijo que, ante esta situación, eliminar el Ministerio de Justicia no solo afecta la estructura institucional del Estado, sino que también parece responder a una necesidad política de reducir la influencia del vicepresidente en la conducción del sistema judicial. “En un Estado democrático no se puede eliminar la Vicepresidencia, pero ciertamente se puede limitar su incidencia. Y esta decisión parece ir en esa dirección”, finalizó.