La tensión interna del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se combina con herramientas legales y decisiones judiciales que han protegido a los magistrados que permanecen en el cargo. Los magistrados electos denuncian maniobras para bloquear su salida.
Los magistrados autoprorrogados son cuestionados. Foto Erbol
La magistrada electa Paola Verónica Prudencio perfila un diagnóstico complicado sobre la relación interna en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque la intención de los cuatro jueces electos –recuperar la institucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, que se respete la constitución política del Estado y que se restablezca pues el orden constitucional y democrático– choca con la actitud de los cinco autoprorrogados que buscan mantener el control del órgano, lo que provoca una relación ‘tensa’ al interior.
La misma percepción es expresada por su colega Boris Arias, quien señaló que está ‘atado de pies y manos’ debido al control que ejercen sus colegas autoprorrogados en las decisiones que se toman en Sala Plena; es más, afirmó que esa mayoría tramita causas sin la participación de las nuevas autoridades y bloquea cualquier intento de restablecer el funcionamiento constitucional mediante autos que emiten ‘como juez y parte’.
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La tensión no es solo retórica. En las últimas semanas los magistrados electos denunciaron públicamente esas ‘maniobras de prórroga’, que los indujo a presentar una denuncia penal contra los autoprorrogados por presuntas irregularidades, acusando a quienes siguen en funciones de frenar proyectos de ley y emitir autos constitucionales que impidieron la cesación de sus cargos. La causa está en trámite, pero no hay certeza de que prospere.
Pese a las acciones emprendidas y la repulsa generalizada, la salida forzada de esos magistrados es complicada por, varios motivos que están interrelacionados entre sí. Los magistrados autoprorrogados han usado la propia cancha del TCP para emitir autos que cuestionan o anulan proyectos de ley destinados a su remoción. Los electos acusan que esos autos han declarado inconstitucionales iniciativas de la ALP que buscaban una cesación excepcional y transitoria. Es decir: la propia alta corte ha limitado la capacidad de los asambleístas para legislar sobre su situación.
Los magistrados electos buscan la destitución o renuncia de los prorrogados. Foto: Correo del Sur
Varias iniciativas legislativas como proyectos de ley cortos y excepcionales, promovidos en la anterior legislatura y presentados tanto en el Senado como en Diputados para ordenar la salida de los prorrogados no tuvieron el seguimiento correspondiente en la cámara revisora: el Senado aprobó anteproyectos que quedaron pendientes en la Cámara de Diputados. La fragmentación de fuerzas impidió la sanción y promulgación de normas que pondrían fin al problema por la vía ordinaria. La actual ALP aún no toma cartas en el asunto.
Además, exigir la salida inmediata de los autoprorrogados sin un camino claro de sustitución genera temores sobre ‘vacíos de poder’ que paralicen el sistema judicial; aunque, los propios magistrados electos señalaron que pueden funcionar con comisiones reducidas. “Somos cuatro magistrados que podemos conformar dos salas para resolver las acciones tutelares. En el caso de las acciones normativas y conflictos de competencia, tenemos una comisión de admisión que requiere simplemente la conformación de tres magistrados y nombraríamos una presidencia; y el presidente o presidenta va a tener necesariamente que conformar una de las salas”, afirma Prudencio.
Por su parte, Arias especifica que la Asamblea tiene la facultad de reformar el Código Procesal Constitucional y prohibir que los magistrados ‘sean juez y parte’; además de rediseñar la estructura del TCP porque la Constitución no establece cuántos magistrados deben componer el Tribunal. En 2017, la Asamblea, a través de una ley, determinó subir de siete a nueve magistrados en el TCP. “Mañana pueden ser 25, pueden ser 100, pueden ser cuatro o tres. Es decir, eso no está establecido en la Constitución, está establecida en la ley”, indicó.
Empero, incluso si la ALP tiene la competencia para sancionar una ley que cese a los prorrogados, esa posibilidad fue obstaculizada, y en ocasiones neutralizada, por decisiones del mismo TCP y por la falta de una voluntad política frontal y acuerdos suficientes en el Legislativo. Mientras tanto, la judicialización del conflicto se retroalimenta: los autos para frenar leyes; las leyes para cesarlos; las denuncias penales; y la retórica pública que radicaliza posiciones.
Las dos magistradas que denunciaron a los autoprorrogados. Foto: Correo del Sur
El 11 de diciembre de 2023, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 el TCP estableció que los magistrados electos de 2017 continúen en sus funciones pese a que la Constitución no contempla ese extremo. Según Arias, ese fallo abrió una etapa de ejecución en la que los autoprorrogados emitieron autos constitucionales para frenar leyes orientadas a viabilizar su cambio. El caso más reciente es el Auto Constitucional 070/2025, notificado el 31 de octubre, que declaró inconstitucional un proyecto de ley para que el TCP funcione únicamente con magistrados electos por voto popular. Según Arias, los cuatro magistrados nuevos no fueron notificados ni participaron en ninguna fase.
Por ello, los magistrados electos urgen la recuperación de la institucionalidad por los ‘abusos y anomalías’ de los cinco magistrados cuestionados destinados a mantener el control del pleno. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y otros actores del sistema judicial han pedido públicamente que los autoprorrogados dejen sus cargos o sean cesados por vías extraordinarias, lo que generó presión desde dentro del propio Poder Judicial, pero aún sin resultados, aunque en las pasadas horas, la Fiscalía anunció que admitió la demanda presentada por dos magistradas electas.
Analistas estiman que la crisis del TCP es, en esencia, una crisis de límites: límites entre el judicial y el legislativo, entre la interpretación constitucional y la decisión política. Ante este panorama, refieren que cesarlos requiere la voluntad política en la ALP para sancionar una norma clara y constitucionalmente robusta, la cual inhiba a que ese tribunal, a través de autos, paralice ese mecanismo. Mientras no exista ese elemento, la situación seguirá como un conflicto institucional que erosiona la confianza ciudadana en la justicia constitucional.