La magistrada Paola Prudencio consideró que «se ha coartado el derecho de cinco departamentos para elegir sus autoridades» judiciales
Por: eju.tv / Video; Noches Sin Tregua
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, afirmó que, si sus cinco colegas “autoprorrogados” son alejados de sus funciones, las cuatro autoridades que fueron elegidas en los comicios judiciales de 2024 están plenamente habilitadas para conducir de forma excepcional la institución.
“No puede ser que a través de sentencias y resoluciones ellos nos digan hasta cuándo se van a quedar, corresponde es que estos señores cesen en sus funciones”, afirmó.
En su criterio, no habrá vacío de poder y dijo que uno de ellos puede asumir la Presidencia, conformar dos salas para atender acciones tutelares y activar el control normativo con tres magistrados, hasta que se convocan a las elecciones judiciales.
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“Recordemos que la sanción de leyes es una competencia exclusiva de la Asamblea. No va a existir vacío de poder, tenemos un antecedente cuando la doctora Silvia Salame, sola, ha administrado el TCP, esto tendría que estar establecido en una norma específica, la composición y el funcionamiento excepcional y transitorio del TCP con los cuatro magistrados electos”, afirmó.
“Reitero, uno de los cuatro tendría que asumir la presidencia, conformaríamos dos salas para atender las acciones tutelares y para el tema de las acciones de control normativo y competencial necesitamos tres magistrados”, añadió.
En ese marco, consideró que «se ha coartado el derecho de cinco departamentos para elegir sus autoridades».
«En el Órgano Judicial son dos y en el TCP son cinco y justo en los departamentos en los que el señor Espada y el señor Hurtado tienen interés; la señora Gallardo en Cochabamba, la señora Cornejo en Tarija y la señora Jiménez en Santa Cruz. Se ha coartado ese derecho con la fragmentación de las elecciones y es una necesidad», remarcó.
Demanda
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió la denuncia penal contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tras una acusación de sus colegas electas sobre la emisión de una sentencia que permitió la “prórroga inconstitucional” de su mandato.
El caso fue abierto por las magistradas electas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que la resolución de los denunciados vulneró la Constitución y facilitó la extensión irregular de sus mandatos que concluían en 2023.
«La suscrita fiscal de materia (…) informa el inicio de investigación, en atención a los memoriales de subsanación a la denuncia (…) denunciados (son) Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo», señala parte de la resolución fiscal emitida por la fiscal Jhenny Torrico Delgadillo.