Si la ALP no designa a los nuevos miembros del Órgano Electoral antes de que venza el mandato, Bolivia afronta no sólo un problema técnico-administrativo sino una crisis de legitimidad institucional que podría fracturar el calendario y aumentar la conflictividad.
La Comisión de Constitución no pudo definir aún. Foto: Diputados
La finalización del mandato de los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en diciembre de 2025 activa un reloj jurídico y político que la Asamblea Legislativa debe atender con urgencia. La Constitución y la Ley del Órgano Electoral plantean plazos y requisitos; vale decir, la convocatoria, publicación, selección y control; las cuales no son meras formalidades, sino son condiciones para garantizar un proceso electoral transparente y un calendario fiable para las subnacionales del 22 de marzo de 2026.
Existen riesgos inmediatos, ya que, si no se designan vocales titulares y suplentes en tiempo, primero, se corre el riesgo de una observación a la legitimidad de los actuales si estos deben prorrogar su mandato debido a que decisiones claves del Órgano Electoral (convocatorias, habilitaciones, resolución de impugnaciones) podrían ser objetadas por los frentes políticos y la ciudadanía en general por carecer de mandatos vigentes; hecho que puede incrementar las demandas judiciales y la posibilidad de suspensiones provisionales.
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En segundo lugar, está el peligro sobre la operatividad, el calendario técnico para comicios subnacionales desde la inscripción de candidatos, el empadronamiento de nuevos votantes, la impresión de material, o la capacitación de jurados, entre otros, requiere decisiones con semanas o meses de anticipación, por ello la invocación del actual TSE para que se lance la ley para la convocatoria la pasada semana; ello ocurrió, pero los tiempos previstos son milimétricamente justos. Su postergación incrementa el riesgo de retrasos o de improvisaciones costosas.
El tercer punto que está en el tepete es la confianza pública e internacional: observadores y donantes exigen certidumbre institucional; vacíos de autoridad amplifican la narrativa de elección en riesgo, justamente a consecuencia de los dos puntos anteriores, ya que los comicios subnacionales de marzo venidero correrán el mismo riesgo de las elecciones judiciales de 2024, cuyos resultados son por demás conocidos, así como la afectación directa a la institucionalidad.
Los vocales electorales actuales. Foto: OEP
En cuanto al marco normativo y los tiempos. La Ley Nº 018 y la normativa transitoria fijan procedimientos: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe lanzar la convocatoria con anticipación (unos 45 días antes de la designación para la publicación y recepción de postulantes) y el reglamento determina etapas de evaluación, impugnaciones y selección pública con requisitos de idoneidad y no militancia reciente. Además, leyes transitorias previas establecieron plazos acortados (20 a 45 días) cuando se aplicó una designación excepcional. Estos plazos obligan a actuar con celeridad administrativa para no comprimir etapas esenciales.
Voceros del propio TSE y diferentes organizaciones políticas han llamado a la rapidez. El vocal Gustavo Ávila urgió a la ALP a elegir ‘de forma inmediata’ a los sustitutos de la actual Sala Plena antes del 18 de diciembre como plazo fatal para no afectar la calendarización. “Creemos que la Asamblea podrá designar a los nuevos vocales a tiempo, evitando cualquier forma de prórroga”, declaró. La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto y estimó que la elección de nuevos vocales debe ser una prioridad de la nueva Asamblea. Esas voces subrayan que la ausencia de decisión política se traduce en riesgos concretos para la organización de los comicios subnacionales.
Por ello, analistas conminan a que la ALP actúe a tiempo, para asegurar la transición y mitigar la posibilidad de impugnaciones. Si no, cabe esperar recursos judiciales, pedidos de medidas precautorias que paralicen actos electorales y, en el peor caso, la necesidad de adoptar medidas extraordinarias (calendarios reprogramados, nombramientos provisionales por vías transitorias) que a su vez generarían controversia política y judicial.
La pasada jornada, por falta de quorum, se suspendió la elección de los nuevos vocales del ente electoral, por lo que la Comisión de Constitución de Diputados ya no podrá sesionar hasta la primera semana de diciembre, puesto que desde las cero horas de este lunes toman el mando los suplentes. De acuerdo con la norma y reglamento, los titulares deben ceder una semana al mes a sus suplentes para que trabajen. La suspensión fue confirmada de forma escueta por el diputado de Libre, Santiago Ticona. «El presidente de la Comisión, Juan del Granado, lo suspendió sin dar fecha», explicó.
No elegir a los vocales en diciembre colocaría el proceso electoral en una doble fragilidad, técnica y de legitimidad, y abonaría un terreno propicio para la judicialización y la movilización política. La respuesta no es técnica únicamente, exige voluntad política, transparencia en la selección y cumplimiento estricto de los plazos legales para preservar la gobernabilidad democrática y la certeza del voto ciudadano.