La dimisión forzada y las órdenes de detención contra los magistrados que extendieron su mandato dejan al Tribunal Constitucional Plurinacional en emergencia con miles de causas pendientes y la necesidad de combatir la politización de la justicia.
Los cinco exmagistrados del TCP. Foto composición: Opinión
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que durante meses fue el centro de una crisis institucional, quedó este mes en una situación complicada con la dimisión forzada de cuatro de los magistrados y la renuncia de otra; los autoprorrogados como se los denomina afrontan órdenes de aprehensión. El resultado inmediato es la paralización de causas y un estado de emergencia que exige respuestas urgentes del Legislativo y del Ejecutivo para evitar un colapso del sistema judicial.
La fiscalización y la presión política sobre la situación irregular de esos tribunos determinaron no solo su salida, sino también la imposición de medidas judiciales; un juez de La Guardia ordenó la aprehensión de cuatro de los ahora exmagistrados autoprorrogados del TCP y solicitó alertas migratorias; en tanto que una de las magistradas, Isidora Jiménez presentó formalmente su renuncia en medio del cerco institucional. La secuencia cerró un ciclo de acciones populares, denuncias y recursos en contra de esos juristas que, hasta ahora, no habían podido destrabar la crisis.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, la situación ameritaba medidas enérgicas, calificó de ‘ilegales’ las prórrogas además de sostener que la justicia del país no puede reconstruirse tolerando esas prácticas. La postura de Saucedo sintetiza la posición de sectores que exigen depuración y responsabilidad penal para quienes, según su interpretación, usurparon funciones públicas al haber apelado a resoluciones de manera inconstitucional solamente para beneficio propio.
Pero no es solamente la salida de los cinco exmagistrados la que afecta al TCP, ya que solamente deja con cuatro miembros que no logran instalar una Sala Plena, sino la enorme carga procesal pendiente. El magistrado Boris Arias, que fue elegido en 2024, reveló que hay más de 17.000 causas pendientes en esa instancia, enorme mora originada por una ‘falta de acceso a la información’ que, según expuso, se daba por trabas que se disponía en la Sala Plena, dominada por los ‘autoprorrogados’.
La orureña Paola Prudencio jura como presidenta del TCP. Foto: Correo del Sur
“En el tribunal, cuando tú solicitabas información de las causas, lo que ocurría es que te derivaban a Sala Plena y en esta instancia siempre se tenía una excusa, al final se votaba y decían no, no se va a dar información”, dijo. Arias destacó que esa acumulación de causas aumentó significativamente en los últimos años y aclaró que cuando los magistrados salientes asumieron en 2017 estas no sobrepasaban las mil. “Ahora tenemos una cantidad enorme que debemos resolver”, lamentó.
No obstante, la salida de los tribunos deja interrogantes sobre la validez de resoluciones emitidas ellos, además de la montaña de expedientes sin trámite claro y la urgente necesidad de designaciones legítimas que reconstituyan la Sala Plena. Si el Legislativo no actúa con celeridad para restituir la legitimidad del TCP, el vacío puede ser llenado por decisiones temporales no necesariamente correctas, con el riesgo de que atenten contra el marco constitucional vigente.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, anunció la noche del martes que convocará al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las próximas horas para definir el curso de las elecciones judiciales complementarias. “Bolivia no puede volver a escenarios de transitoriedad indefinida, no puede volver al pasado y cuidado que algún iluminado por ahí quiera designar por decreto a estas autoridades del TSJ y del TCP, sería antidemocrático y sería una violación a los poderes del Estado”, enfatizó.
En las próximas semanas se perfila una carrera política y jurídica. La ALP deberá considerar los mecanismos para llenar las siete acefalías y la comunidad judicial tomar acciones para restituir la confianza en tribunales clave. El presidente del TSJ anunció la coordinación de acciones con las nuevas autoridades del TCP para la reforma judicial, tras el cese de los magistrados prorrogados. La determinación da un haz de luz a la ansiada transformación de la justicia.
Los cuatro magistrados electos en diciembre de 2024. Foto: Correo del Sur
“El trabajo tiene que ser coordinado, interinstitucional entre todos los actores que conformamos el sistema judicial para ver los lineamientos y nuevas políticas en esto que hemos encarado para la reforma judicial haciendo prevalecer la institucionalidad y la democracia”, dijo Saucedo, para luego sostener que la designación de Prudencio y el cese de los prorrogados “marcan un nuevo comienzo para la justicia constitucional, que estos dos años estuvo sometida a intereses particulares”.
Ahora se abre la posibilidad de acabar con la judicialización de la política y la politización de la justicia, por tanto, el desafío que debe ser encarado de manera inmediata es la reconstrucción del sistema de justicia con acciones que impidan la repetición de episodios como el vivido desde diciembre de 2024. La opinión pública estará pendiente de la capacidad y voluntad de los poderes del Estado para actuar con responsabilidad y salir del impasse con una justicia más robusta, transparente y legítima.