La Sala Plena activó un protocolo excepcional de resguardo documental tras la salida abrupta de magistrados cesados por fallos constitucionales.
eju.tv / Video: DTV
La tensión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúa, la Sala Plena ordenó este martes la notariación de toda la documentación perteneciente a los despachos de los exmagistrados cesados por decisiones de juzgados constitucionales, así como de la renunciante, además de prohibir su reingreso a instalaciones del tribunal para evitar cualquier intento de manipulación o retiro de archivos.
El magistrado Edson Dávalos confirmó este miércoles que la Sala Plena aprobó un paquete de medidas extraordinarias orientadas a proteger la integridad de la documentación institucional, tanto física como digital, en un contexto marcado por disputas jurídicas sobre la continuidad o cesación de los altos cargos dentro del órgano constitucional, ya que según el magistrado cesado Gonzalo Hurtado él continúa como presidente y sus colegas tienen su mandato diez días más, amén de la resolución emitida por ese ente.
“La decisión de las salas constitucionales es que ya no puedan ingresar a estas oficinas, que su mandato otorgado por el pueblo boliviano ya ha cumplido y esa decisión es de cumplimiento inmediato, conforme establece nuestra Constitución en el artículo 129 y siguientes, así como el Código Procesal Constitucional establece que las decisiones de este tribunal son de cumplimiento inmediato, de ahí la decisión de elegir una nueva presidenta en el Tribunal Constitucional”, señaló en relación a la designación de Paola Prudencio.
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En consecuencia, Dávalos señaló que se dio la instrucción de que los exmagistrados no puedan ingresar a las oficinas para sacar alguna documentación, “y para eso el personal de seguridad ya se encuentra advertido de que los archivos institucionales deben ser resguardados de forma estricta”, afirmó, después de una sesión matinal en la que los cuatro tribunos restantes definieron nuevos protocolos de administración en esa alta corte.
El magistrado del TCP, Edson Dávalos. Foto: captura de pantalla
La decisión llega horas después de que dos juzgados constitucionales ordenaran el cese inmediato de los magistrados que ampliaron su mandato con base en la controvertida autoprórroga declarada en 2024. Empero, su salida generó un escenario de mayor tensión, con diferentes interpretaciones de las normas, acusaciones cruzadas y órdenes de aprehensión liberadas contra cuatro de las exautoridades del TCP.
Frente a ese panorama, los vocales electos en diciembre de 2024 decidieron impedir completamente el ingreso de los exmagistrados a las instalaciones del tribunal, como una forma de ‘evitar riesgos institucionales’, según explicó el vocero. La notariación de documentos, medida reservada para situaciones de riesgo administrativo o judicial, tiene el objetivo de dejar un registro público y verificable del estado en que se encuentran los expedientes y archivos bajo custodia.
“Es una decisión de la Presidencia de hacer notariar todos los despachos para que todo quede consolidado en el tema de la verdad material, que no haya problemas”, afirmó el tribuno, para luego asegurar que con la salida de los autoprorrogados de ahora en adelante se podrá encarar la transformación exigida por el pueblo boliviano. “Podremos cumplir el reto de hacer una justicia más humana, con independencia, sobre todo; por eso, hoy día más que ganar el Tribunal Constitucional ha ganado el pueblo boliviano”, afirmó.