Legisladores de diferentes bancadas coinciden en que los cinco magistrados que se extendieron irregularmente en sus mandatos deben ser investigados y juzgados como cualquier ciudadano; descartan iniciar un juicio de responsabilidades al entender que ya no ostentan la condición de autoridad.
eju.tv / Videos: Wara TV
Legisladores de distintos frentes políticos sostienen que los magistrados autoprorrogados, quienes fueron cesados en sus cargos la pasada jornada, no deben ser sometidos a juicios de responsabilidades al haber perdido su condición de autoridades electas desde el 2 de enero de este año, sino por la vía ordinaria, con investigaciones penales por presuntos delitos como falsedad material e ideológica al haber extendido de manera ilegal su mandato durante más de un año.
El argumento esgrimido es que, al haber perdido la condición de autoridades electas y haber ‘usurpado funciones’, los exmagistrados deben responder como cualquier ciudadano ante los tribunales ordinarios y no así ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un juicio de responsabilidades, porque requiere la condición de autoridad vigente y mayoría calificada para su apertura. La posición coincidente es que los prorrogados fenecieron su mandato hace un año.
El senador de la Alianza Libre, José Sánchez Aguilar, afirmó que esas exautoridades deben ser procesadas en la vía ordinaria por usurpación de funciones; además, señaló que las acciones deben contemplar a todos los exmagistrados que estuvieron en el cargo fuera de la ley. Pidió la ejecución inmediata de los mandamientos de aprehensión pendientes y adelantó que su bancada asumirá una posición firme para impulsar el proceso penal correspondiente.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Corresponde a la jurisdicción ordinaria que, entiendo, el día de ayer ha emitido los mandamientos de aprehensión; lo que nos preocupa es que es para cuatro y los que han cometido (el supuesto delito) son cinco, pero es una responsabilidad de la Fiscalía y de la Policía dar ejecución de los mandamientos de aprehensión. Nosotros como bancada de Libre tomaremos una posición para sumarnos a este proceso, porque estos delitos deben ser juzgados en el marco de la institucionalidad respetando el Órgano Judicial”, señaló.
Por su parte, el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, recordó que, desde las sentencias de las salas de Potosí y la Guardia, que determinaron el cese inmediato de las funciones, las exautoridades del TCP no pueden ingresar siquiera a sus oficinas; en cuanto a las normas que aprobaron durante el mandato irregular, por seguridad jurídica, no todos los fallos y resoluciones serán anulados por ‘el vicio de origen’, sino que por denuncia de quien se considere afectado por ellos pueden pasar por un proceso de revisión.
“Y si corresponde que, por su propio contenido que sea violatorio de un derecho constitucional o de una garantía fundamental, en ese caso se los podía anular, pero el principio general es que se mantienen vigentes, se mantienen con efectos jurídicos hasta que en un caso particular se puede pedir una revisión por defecto de contenido”, aseveró, para también sostener que los exmagistrados tienen fuero especial hasta el 1 de enero, fecha en la que feneció su mandato; posterior a ello, es la vía ordinaria la que debe activarse.
Los exmagistrados autoprorrogados. Foto: Erbol
Desde el principal órgano jurisdiccional también llegó la presión, ya que Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, formalizó en pasados días las denuncias pertinentes y calificó la prórroga como usurpación de funciones, además de denunciar maniobras de intimidación dirigidas a jueces y salas constitucionales. Saucedo sostuvo que los excesos de los autoprorrogados ‘llegaron al límite’ y llamó a que la justicia actúe con firmeza para restablecer la legalidad.
El marco normativo boliviano contempla juicios de responsabilidades (Ley 044) para ciertos delitos en el ejercicio del cargo, pero la interpretación predominante entre asambleístas y sectores judiciales es que, al haber cesado en la condición de autoridades, la ruta correcta es la penal ordinaria, con todas sus garantías procesales. Esa interpretación, además, evita el bloqueo político que exigiría una votación de dos tercios en la Asamblea para habilitar un juicio político.
La postura unificada de asambleístas de distintas filiaciones representa un frente político que busca devolver al país la normalidad institucional mediante procesos judiciales ordinarios. La demanda de la clase política es clara, que la justicia actúe, pero que lo haga de manera transparente y con celeridad, porque de la forma en que se resuelva este tema de los autoprorrogados dependerá la posibilidad de recomponer la credibilidad del sistema judicial en Bolivia.