El constitucionalista dijo que, si el Estado pretende encarar seriamente la reforma del sistema judicial, el Gobierno y el Ministerio Público deben actuar sin más dilación, “de lo contrario, no vamos a avanzar en la reestructuración, la reforma y la transformación del sistema judicial”.
eju.tv / Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El constitucionalista José Antonio Rivera alertó sobre la necesidad urgente de activar procesos penales y auditorías jurídico-constitucionales contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se autoprorrogaron en sus cargos, señalando que el Ministerio Público debe actuar conforme al mandato constitucional y no prolongar la impunidad.
Rivera explicó que el reciente mandamiento de aprehensión emitido por el juez de La Guardia en el marco de una acción popular carece de fundamento legal. “El juez de la Guardia ha emitido un mandamiento de aprehensión que en mi concepto no corresponde, ¿por qué? Porque está conociendo una acción popular, que es una acción de defensa donde no es obligatorio que el demandado comparezca. Si no comparece, se declara su rebeldía y se continúa la audiencia”, precisó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen María Belén Mendivil y Jorge Robles.
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El jurista calificó la decisión como un exceso de poder, ya que el juez intentó forzar la comparecencia de los acusados en un proceso donde esta no es exigible. Asimismo, recordó que dos magistradas electas del TCP, Paula Prudencio y Amalia Villca, presentaron una denuncia penal contra cinco exmagistrados por los delitos de acoso político y falsedad ideológica, debido a la introducción deliberada de datos falsos en sentencias constitucionales.
Sin embargo, denunció una actuación anómala del Ministerio Público. “Extrañamente, el Ministerio Público se ha demorado en pronunciarse. El fiscal general, recién anoche, informó que hoy iban a presentar un informe, cuando el fiscal de materia ya debió convocarlos a declarar y definir si los imputa o si rechaza la denuncia”, lamentó.
Según Rivera, la demora se explicaría por la influencia que estos exmagistrados ejercían sobre sectores del Órgano Judicial y del Ministerio Público; pues la Fiscalía debió abrir de oficio una acción penal contra los magistrados autoprorrogados por delitos como: usurpación de funciones, Resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, Y Prevaricato.
El constitucionalista también exigió auditorías jurídico-constitucionales sobre todos los expedientes manejados por los magistrados prorrogados, así como una investigación por presunta asociación o consorcio entre jueces y magistrados.
Denunció que ciertos casos eran presentados ante salas constitucionales específicas —como las de Trinidad— para que, posteriormente, sean remitidos a salas integradas por Gonzalo Hurtado e Iván Espada, posibilitando fallos previamente “arreglados”.
Añadió que también debe auditarse la designación de vocales realizada en sala plena conjunta entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, donde participaron autoridades que incurrieron en usurpación de funciones, lo que obligaría a anular esas designaciones.