El exjuez Roger Valverde advierte que el país enfrenta un ‘problema estructural’ en la justicia constitucional y que la demora en la cobertura de vacancias afecta directamente a miles de ciudadanos que esperan restitución de derechos vulnerados.
eju.tv / Video: DTV
Ante las cinco acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una carga procesal de más de 17.000 causas paralizadas, el exjuez y abogado Roger Valverde plantea la necesidad de analizar todas las alternativas posibles, desde la elección por voto hasta la activación de suplentes o incluso la designación provisional por decreto, una salida utilizada en gestiones pasadas –dice– ante situaciones de urgencia institucional.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional opera actualmente con solo cuatro magistrados titulares electos, un número insuficiente para responder al volumen de trabajo acumulado y para garantizar el funcionamiento pleno del órgano encargado de resguardar la vigencia de la Constitución. Valverde sostiene que la situación no puede prolongarse, porque el problema no es solo institucional, sino Social. “Si hay 17 mil causas pendientes, estamos hablando de 17 mil ciudadanos que esperan que se les restituyan derechos vulnerados”, afirma.
“Entonces el problema es muy complejo, pero además de lo que ya acabábamos de mencionar, hay que trabajar en la institucionalidad, recobrar la credibilidad del Tribunal Constitucional y dar respuesta a la ciudadanía. Entonces se tiene que analizar muchos aspectos y precisamente creo que en la Asamblea es donde definitivamente se establecerá cuál es el mejor camino para dar una respuesta a la gente. Se habla de que esas 17 mil causas estarán resueltas en uno o dos años. Esa gente que acudió al Tribunal Constitucional para que se le restituya su derecho vulnerado, van a tener que esperar muchísimo tiempo”, apuntó.
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Foto: captura de pantalla
Para el exjuez, la prioridad debe ser asegurar la continuidad del trabajo jurisdiccional y evitar un colapso del sistema. Por ello, recuerda que existen antecedentes en los que el Ejecutivo, bajo los gobiernos de Evo Morales y Carlos Mes, designó magistrados constitucionales de manera provisional para resolver crisis inmediatas como la que se presenta en la actualidad en ese alto tribunal. Lo importante es solucionar el conflicto que reviste urgencia, señala el jurista, quien baraja opciones para ese cometido.
“Ahora bien, hay varias alternativas para cubrir las vacancias que se tiene en el Tribunal Constitucional. Ya hay antecedentes, en el caso de el señor Evo Morales, el señor Mesa, que por la prioridad se eligieron miembros del Tribunal Constitucional para solucionar el conflicto inmediato. También hay la posibilidad de que hay algunos que comentan que podría darse una posibilidad de que se convoquen a los suplentes”, estima el experto.
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En función a ello, Valverde menciona las otras opciones como solución: activar a los magistrados suplentes, figura prevista pero casi nunca ejecutada; acelerar la elección judicial mediante la ALP, aunque reconoce que el proceso está ‘lejísimos’, pues requiere aprobación de ley, preselección legislativa y la organización logística del TSE; una designación provisional vía decreto presidencial, eventualmente acompañada de una comisión de juristas notables que haga una preselección técnica.
El abogado insistió en que la Asamblea Legislativa debe dejar de lado los cálculos partidarios y privilegiar el interés general. “Los diputados y senadores deben analizar adecuadamente el tema y velar porque se resuelva en beneficio del país, de la institucionalidad y del sistema democrático”, señaló para luego reconocer que “podría ser una de las alternativas el interinato y obviamente ahí se tendrá que elegir a los mejores profesionales que no tengan compromisos políticos”.
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La exautoridad subraya que la urgencia no solo es operativa. Valverde advierte que la crisis del TCP arrastra una pérdida profunda de credibilidad acumulada en los últimos 20 años, “y peor aún con los cinco prorrogados que no querían salir del Tribunal Constitucional”. A su criterio, el daño institucional obliga a una reconstrucción cuidadosa y elegir a nuevos magistrados, sean titulares o interinos, que sean ‘probos, imparciales e independientes’, para precautelar la institucionalidad de esa instancia judicial.
Valverde recuerda que no solo se debate quién ocupará las sillas vacías, sino qué justicia constitucional tendrá el país, porque “no hay credibilidad en el Tribunal Constitucional, se debe hacer el esfuerzo suficiente para tomar la mejor decisión en la Asamblea Legislativa para que el Tribunal Constitucional recobre su institucionalidad y a través de ese mecanismo los ciudadanos estemos seguros que cuando acudamos al Tribunal Constitucional nuestros derechos van a ser respetados”, remarcó.