Hay dos columnas que sostienen la paz social: la Policía, encargada de brindar seguridad a la población, y el órgano que administra justicia, llamado a resolver conflictos y garantizar que la ley sea el límite para todos. Cuando ambas fallan, el país entero se descompone. Cuando ambas empiezan a rectificar, el país recupera un mínimo de esperanza.
En esta semana se han producido hechos que, sin ser aún transformaciones profundas, abren una rendija de luz. Tras casi dos años de abuso y desparpajo, finalmente se logró doblarles el brazo a los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Y, paralelamente, el presidente Rodrigo Paz tomó juramento al Cnl. Mirko Antonio Sokol Saravia como nuevo Comandante General de la Policía Boliviana, marcando un relevo de conducción que el país reclamaba.
En su discurso de posesión, Sokol Saravia fue claro. Afirmó sin titubeos que él mismo había sido objeto de atropellos e irregularidades dentro de la institución. No recurrió a eufemismos ni a frases protocolares. Lo dijo con naturalidad, como quien enuncia una verdad conocida pero silenciada por años. Ese reconocimiento público no resuelve los problemas, pero rompe la ley del silencio que convirtió a la institución en rehén de intereses bastardos, injerencia política, redes internas y mandos sometidos al cálculo del poder.
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Entre sus compromisos, el nuevo Comandante destacó cuatro líneas esenciales. La primera es que la Policía debe volver a ser una entidad profesional al servicio de la ciudadanía y no un brazo operativo de caudillos ni de gobiernos desesperados por controlar la calle. La segunda es un llamado a recuperar el mérito, la disciplina y la responsabilidad como criterios de ascenso y liderazgo, y no la obediencia partidaria. La tercera apunta a encarar una depuración real, que enfrente la corrupción interna y devuelva credibilidad a la institución. Y la cuarta es una apelación a la dignidad del policía que respeta la ley, protege al ciudadano y entiende la autoridad como servicio, no como privilegio.
A tiempo de reconocer este alentador inicio, conviene también destacar la labor de miles de policías que, aun en un país devorado por la corrupción en sus peores manifestaciones, supieron mantener la decencia. Funcionarios que no cedieron a la presión política, que rechazaron sobornos, que protegieron a la población a pesar de las órdenes equivocadas y que siguieron creyendo que la ley vale más que el miedo. Esa reserva moral -silenciosa y acosada- es la que hoy permite pensar que la institución todavía puede renacer.
La Policía Nacional debe iniciar un proceso de recuperación ética y profesional que le permita volver a cumplir su tarea fundamental, una labor imperiosa en un país corroído por la podredumbre; y, al hacerlo, restituir en la ciudadanía la confianza perdida en la institución verde olivo. Pero ese esfuerzo no será sostenible si depende solo de la cúpula. La depuración requiere también de los policías honestos: de quienes deben perder el miedo, decir la verdad y no encubrir a los transgresores.
Y aquí entra la otra mitad de la ecuación: la ciudadanía. Durante años, el ciudadano común aprendió a callar por temor a represalias, por desconfianza, por la convicción de que “no pasa nada”. Esa mudez permitió que muchos abusos se normalizaran. La nueva conducción policial puede comprometer cambios, pero la sociedad tiene un deber equivalente: denunciar, exigir, registrar, no tolerar atropellos ni corrupción y, sobre todo, perder el miedo.
Como aseveró el considerado padre de la Policía moderna, Robert Peel: “La Policía es el público y el público es la Policía”. Esa frase, tan simple como profunda, recuerda que la seguridad no es tarea exclusiva de una institución, sino el resultado de una acción conjunta entre la fuerza pública y la sociedad que la sostiene. Una Policía recta necesita ciudadanos valientes; una ciudadanía comprometida necesita una Policía que actúe con decencia y firmeza.
Estamos frente a una oportunidad histórica. La institución puede iniciar un proceso de recuperación ética y profesional, y la sociedad puede acompañar ese cambio con responsabilidad y coraje cívico. La reconstrucción empieza cuando cada quien -uniformado o civil- asume su papel. Cuando el policía cumple la ley con honor. Cuando el ciudadano denuncia sin titubear. Cuando el miedo deja de gobernar nuestras decisiones.
Porque un país no cambia solo con nuevos comandantes ni con nuevos discursos. Un país cambia cuando su gente decide ponerse de pie. Y Bolivia necesita, de una vez por todas, que su gente y su Policía actúen de la misma manera: sin miedo y con dignidad.
Johnny Nogales Viruez