Hasta el momento, no se ha conocido una versión oficial o un descargo por parte de Gabriela Alcón frente a estas acusaciones. Las autoridades competentes, incluida la ATT y el Ministerio de Transparencia, no se han pronunciado sobre si iniciarán una investigación formal para dilucidar estas irregularidades, que comprometen fondos públicos y la legalidad de las concesiones radiales.
Una investigación periodística revela un presunto esquema de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que habría aprovechado su cargo público y manipulado normativas para ser propietaria de cuatro emisoras radiales y beneficiarse con pauta publicitaria estatal por más de 650 mil bolivianos. La denuncia periodística describe un operativo que comenzó con la creación de una fundación y culminó con la obtención irregular de licencias y millonarios contratos con empresas del Estado.
De acuerdo con el reporte, el mecanismo se activó tras el nombramiento de Alcón como viceministra. En un movimiento rápido, la funcionaria y su círculo cercano, que incluía a exjefes de redes como Sandra Castro, constituyeron la ‘Fundación en Comunicación Libertad y Democracia’ (FCLD), inicialmente registrada como una entidad sin fines de lucro.
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Sin embargo, la periodista e investigadora del caso, Mariel Rivero, señala en sus redes sociales la primera gran irregularidad. “Luego de lograr la personería jurídica como fundación sin fines de lucro, transgrediendo toda normativa, logran modificarla y la cambian de ‘sin fines de lucro’ a ‘fundación comercial’”. Este cambio sería clave para convertir la entidad en un vehículo de negocios”, reveló.
Con la fundación comercial lista y el cargo de viceministra en ejercicio, Alcón habría orquestado la obtención de cuatro licencias de funcionamiento para frecuencias radiales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, bajo la marca «Onda Colectiva». Esta adquisición masiva choca frontalmente con la normativa de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que establece un sorteo anual por solo una licencia debido a la alta demanda. La investigación se pregunta cómo una sola persona pudo adjudicarse cuatro licencias en abierta contradicción con este procedimiento.
La trama culminó con el desvío de recursos públicos hacia estas emisoras. Según la documentación obtenida, la fundación propiedad de Alcón firmó contratos millonarios con empresas estatales como YPFB, por montos que superan los Bs 650.000. En contraste, otros contratos de pauta con instituciones como el CEPRA no alcanzaban los Bs 1.500, lo que, para la investigación, evidencia una asignación preferencial y desproporcionada de la publicidad oficial hacia sus propios medios.
La periodista Mariel Rivero contextualiza la gravedad de los hechos. “La denuncia establecería como principal irregularidad el tráfico de influencias, en razón del cargo y beneficio propio, como también enriquecimiento ilícito”, agregó. La acusación sugiere que Alcón utilizó su influencia política dentro del gobierno de Luis Arce, al coordinar incluso con una prima del presidente, para crear, en la práctica, un circuito cerrado de financiamiento estatal a sus empresas.
El caso expone graves falencias en los controles para prevenir conflictos de interés y el desvío de publicidad estatal, un mecanismo de corrupción repetido en administraciones anteriores. La investigación apunta a un modus operandi que vulneró múltiples normativas, desde las que rigen a las fundaciones hasta los procedimientos de la ATT y las reglas de contratación pública.
Hasta el momento, no se ha conocido una versión oficial o un descargo por parte de Gabriela Alcón frente a estas acusaciones. Las autoridades competentes, incluida la ATT y el Ministerio de Transparencia, no se han pronunciado sobre si iniciarán una investigación formal para dilucidar estas irregularidades, que comprometen fondos públicos y la legalidad de las concesiones radiales.