El reciente llamado del viceministro Ernesto Justiniano a denunciar corrupción vía redes revela la ausencia casi total de un sistema nacional sostenible de prevención, rehabilitación y reintegración previsto desde 2017.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, desnudó este miércoles el fracaso de las políticas de prevención del consumo de sustancias ilícitas en el país, debido a que los sucesivos gobiernos de turno solamente se dedicaron a campañas erráticas que no tuvieron efecto alguno en la sociedad, a ello se suma la falta de presupuesto destinado a acciones preventivas que permitan consolidar una política clara en el tema sensible del consumo de estupefacientes.
La valoración del viceministro, lejos de ser un acto aislado, revela la inconsistencia de una política de drogas anunciada hace años en Bolivia y jamás implementada con seriedad. La ley 913, promulgada en 2017 por el entonces presidente Evo Morales, prometía una ‘Red de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración’, pero ocho años después esa intención sigue solo en el papel, sin reglamentación, sin presupuesto sostenido, sin estándares claros ni coordinación real entre Estado, salud, educación y comunidad.
“En Bolivia se habló durante años de ‘prevención del consumo de drogas’, pero hablemos con la verdad: nunca hubo un sistema real, ni políticas de Estado, ni continuidad. Hubo talleres aislados, campañas sueltas y proyectos que se apagaban cuando se acababa el financiamiento. Eso no es prevención: es improvisación”, sentenció el viceministro Justiniano en sus redes sociales, quien, además, apeló a la necesidad de una estrategia estructurada para la lucha integral contra el consumo de estupefacientes.
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El anuncio en redes sociales y el tono de urgencia sugiere que el Gobierno reconoce implícitamente que las estructuras de control y prevención estaban laxas, y pretende construir desde cero una administración más ordenada de sustancias fiscalizadas. La preocupación expresada por Justiniano muestra que el país necesita no son solo controles de sustancias, sino un sistema nacional de prevención y rehabilitación que la Ley 913 previó hace años y nunca desplegó. Y la autoridad va más allá al enumerar esas falencias:
- No hay un programa nacional de prevención obligatorio en escuelas
- No hay formación de docentes en detección temprana.
- No hay programas familiares formales.
- No hay supervisión real de centros de tratamiento.
- No hay estándares nacionales para rehabilitación y reintegración.
- No hay rutas de derivación claras para personas y familias.
- No hay un sistema nacional de información y evaluación.
- No hay financiamiento sostenido en prevención y atención.
- No hay una institución fuerte que coordine todo esto a nivel país.
Las acciones de prevención en el país fueron esporádicas y dispersas. Foto: Diputados
La Ley 913, promulgada en 2017, estableció en su capítulo dedicado al consumo de drogas, la creación de una “Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con adicciones y su entorno”, la cual debía integrar al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Nacional de Educación, al Sistema de Seguridad Ciudadana, junto con instituciones públicas y privadas.
Entre sus responsabilidades figura la elaboración de una política nacional integral de adicciones, coordinación intersectorial, desarrollo de programas preventivos, de tratamiento, rehabilitación y reinserción; además de la realización de estudios de caracterización del consumo, vulnerabilidades sociales, tratamiento terapéutico, acompañamiento familiar y comunitario.
Sin embargo, en la práctica, esa red nunca se institucionalizó, no existe evidencia pública de un programa nacional sostenido, con presupuesto asignado, mecanismos de supervisión o coordinación efectiva entre ministerios, educación, salud y sociedad civil. Críticos del enfoque penal convencional sostienen que durante años Bolivia solo implementó “talleres aislados, campañas sueltas y proyectos que morían al agotarse los fondos”.
Urge una política de Estado para prevenir el consumo de sustancias nocivas. Foto: ABI
La consecuencia es lamentable: miles de personas, sobre todo jóvenes, con problemas de adicción sin acceso real a tratamiento, sin apoyo institucional a sus familias, sin rutas de rehabilitación o reinserción, y con centros de atención marginados. Esa ausencia estructural se refleja hoy en la retórica de emergencia del viceministro, vale decir, atender sustancias reguladas, denunciar corrupción, cooperar internacionalmente; pero sin palabras sobre rehabilitación, prevención escolar, soporte comunitario o derechos sociales.
Mientras Bolivia permanece atrapada en la improvisación, varios países en el mundo han demostrado que la prevención y la rehabilitación, no solo la represión, pueden ser efectivas cuando se convierten en políticas de Estado con continuidad. Un ejemplo paradigmático es el modelo Icelandic Prevention Model (IPM), implementado desde fines de los 90 en Islandia. El trabajo sostenido con comunidades, escuelas, familias y autoridades redujo dramáticamente el consumo juvenil de drogas y alcohol.
Países latinoamericanos también avanzan cuando hay compromiso institucional: en SENDA de Chile y otros países de la región, existen estrategias integradas de prevención, tratamiento, reinserción social y monitoreo, con enfoque en jóvenes, comunidades y educación. A nivel mundial, los programas de reducción de daño, prevención basada en evidencia, tratamiento ambulatorio y reinserción social, cuando están bien financiados, han demostrado ser efectivos en el costo, ya que reducen no solo los daños en salud, sino también el impacto social, la violencia y los costos institucionales asociados al narcotráfico.
Uruguay es uno de los países con un sistema de prevención sólido. Foto: gob Uy
Es decir, cuando se prioriza la prevención, la rehabilitación y una política de drogas basada en salud pública, no en represión criminal, los resultados son medibles, sostenibles y, sobre todo, humanos. Así lo entiende también Justiniano. “Islandia, el modelo más exitoso del mundo. España, 35 años de continuidad. Chile, prevención escolar y comunitaria real. Uruguay, política estable por décadas. Canadá y Estados Unidos, con instituciones científicas permanentes”, refiere Justiniano a modo de comparación.
Y entiende que no hay una fórmula mágica, sino una tarea seria, porque resalta que los países mencionados como ejemplo entendieron que lo fundamental en la protección de los sectores vulnerables es que la prevención no debe depender del criterio de las autoridades de turno, sino más bien debe ser una política de Estado, ya que estudios internacionales corroboran que por cada dólar invertido en esa área supone un ahorro de diez dólares en tratamiento y reintegración. Es simple: prevenir no solo protege vidas, también ahorra recursos.
“Hoy nuestro compromiso es justamente ése: convertir la prevención y la rehabilitación en una estructura permanente, medible y eficaz, con rutas claras, centros acreditados, estándares nacionales y apoyo real a familias y comunidades. Bolivia no puede seguir cruzada de brazos. Hoy comenzamos a construir lo que nunca se construyó”, concluyó el zar antidrogas boliviano.