La estrategia de los vecinos incluye no solo la protesta masiva, sino también un control directo sobre los comercios. Explicaron que están visitando “horno por horno” para fiscalizar los precios, y aunque reconocen a panificadores que venden a “40, 50 centavos”, denuncian que estos son “amedrentados”. Al mismo tiempo, anuncian que intensificarán la lucha para defender el poder adquisitivo de la población.
La creciente presión en la población por los aumentos en el precio del pan y en las tarifas de agua y electricidad ha unido a juntas vecinales, gremiales y organizaciones de control social de La Paz quienes han convocado una gran marcha para el próximo 8 de diciembre en rechazo a lo que califican como “paquetazos” contra la economía popular. Los vecinos exigen respuestas directas a las empresas EPSAS y DeLapaz, y a los panificadores federados que incrementaron el costo del pan tras la eliminación del subsidio a la harina.
“Lo extraño es que con harina subvencionada pretenden todavía subir, elevar el precio del pan, eso considero que es algo injusto. No podemos pagar nosotros los platos rotos del anterior gobierno (del MAS) que lo ha despilfarrado todos los ingresos del Tesoro General del Estado. No podemos pagar por esa mala negligencia, por esa corrupción y negociados que ha existido en el pasado”, declaró hoy (3°) el presidente de la Fejuve La Paz, Jorge Paredes, ante los medios desde plaza Murillo.
Los organizadores han declarado un “estado de emergencia” ante la crisis del costo de vida bajo el argumento que la carga de la inestabilidad económica no puede recaer sobre la ciudadanía. “No se le puede cargar toda esa crisis al pueblo paceño y al pueblo boliviano. Por eso justamente el día lunes estamos en movilización. Estamos en estado de emergencia”, agregó el dirigente.
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Además del pan, el reclamo se extiende a los servicios básicos. Eulogio Aruquipa, presidente del Organismo de Participación y Control Social, acusó a las empresas proveedoras de manipular los medidores para justificar alzas desmedidas. “Asimismo, rechazamos cualquier incremento en las tarifas de luz y de agua. Como denunciábamos, los funcionarios de De LaPaz y de EPSAS están saliendo a las calles a manipular los medidores para incrementar las tarifas”, enfatizó. Esta denuncia agrava el clima de desconfianza hacia las empresas públicas.
La estrategia de los vecinos incluye no solo la protesta masiva, sino también un control directo sobre los comercios. Explicaron que están visitando “horno por horno” para fiscalizar los precios, y aunque reconocen a panificadores que venden a “40, 50 centavos”, denuncian que estos son “amedrentados”. Al mismo tiempo, anuncian que intensificarán la lucha para defender el poder adquisitivo de la población.
La crítica también apuntó hacia una percepción de vacío de autoridad. Aruquipa cuestionó que “el gobierno se ha lavado las manos, la verdad parece que estuviéramos en tierra de nadie, ¿cómo puede el mercado definir el precio del pan?”. Esta declaración refleja una demanda por una intervención más firme de las autoridades municipales y nacionales para regular los precios y proteger a los consumidores.
La concentración está convocada para las 3 de la tarde del lunes en el puente de la Cervecería, con el llamado a participar dirigido a todo el pueblo paceño. La marcha se perfila como un termómetro de la presión social frente a la escalada de precios de productos y servicios esenciales, y una prueba para la respuesta de las diferentes instancias de gobierno ante el descontento popular.