«Son dos oportunidades en las que yo he viajado hasta allá (La Paz) llevando documentación idónea para obtener la harina subvencionada, pero nunca se nos ha dotado un solo quintal», relató la representante y destacó que el insumo debe adquirirse en el mercado a precios elevados, entre 260 y 270 bolivianos el quintal.
Desde Santa Cruz, los gremios de panificadores han expresado su respaldo a las acciones legales en curso contra el dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (CONAPABOL), Rubén Ríos, detenido por irregularidades en el manejo de la harina subvencionada con EMAPA. Esta postura se fundamenta en la afirmación de que el sector cruceño nunca se benefició de dicho subsidio, razón por la cual el precio unitario del pan se mantendrá en un boliviano, ante el alto costo persistente de los insumos.
«Creo que se debería hacer la auditoría correspondiente a Ríos, ya que en este caso Santa Cruz nunca recibió un quintal de harina subvencionada y lo que corresponde, corresponde», declaró Escobar que vinculó directamente la falta de acceso al producto subsidiado con la imposibilidad de reducir el precio final del pan para el consumidor.
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La dirigente fue enfática al señalar la desconexión entre el caso y la realidad de su región, además detalló los esfuerzos infructuosos del sector para acceder a la harina estatal subvencionada, con lo que se evidenció la distancia entre las gestiones centrales y las necesidades regionales.
«Son dos oportunidades en las que yo he viajado hasta allá (La Paz) llevando documentación idónea para obtener la harina subvencionada, pero nunca se nos ha dotado un solo quintal», relató la representante y destacó que el insumo debe adquirirse en el mercado a precios elevados, entre 260 y 270 bolivianos el quintal.
El proceso judicial contra Ríos avanza con firmeza. La mañana de este miércoles se instaló su audiencia cautelar, donde la Fiscalía solicita detención preventiva al imputarlo por tres delitos y señalarlo como presunto líder de un «clan familiar» que se beneficiaba irregularmente del subsidio. La investigación se fortaleció tras el allanamiento de un galpón en El Alto, donde Ríos almacenaba y, presuntamente, comercializaba la harina de EMAPA, cobrando además 19.000 bolivianos mensuales al Estado por el alquiler del espacio.