El concejal Alberti, quien fue presidente del Concejo cruceño, afirma haber bloqueado una ley similar en el pasado y considera que este nuevo decreto edil es ilegal.
eju.tv/La Hora Pico
Santa Cruz.- El concejal cruceño José Alberti cuestionó el reciente Decreto de Titulación del Derecho Propietario impulsado por el alcalde Jhonny Fernández y afirmó que esta normativa no es competencia del municipio, sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que advirtió que el burgomaestre estaría “usurpando funciones”.
“Pongo en alerta que esta no es competencia del alcalde Jhonny Fernández. La regularización corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si me están escuchando diputados electos que están en contra del abuso del alcalde y del avasallamiento, especialmente por loteamientos en Santa Cruz, seguramente solicitarán peticiones de informe escrito por esta aberración jurídica”, sostuvo Alberti.
El concejal advirtió que el decreto podría colocar en situación de vulnerabilidad a propietarios cuyos trámites aún están en proceso, debido a que terceros podrían suplantar su derecho propietario. “Esa certificación firmada por el alcalde tiene poca validez jurídica. Nos preocupa que la documentación que entrega —la certificación y el plano de posesión pasiva— pueda servir para que alguien, incluso en un terreno privado, pretenda regularizar un derecho propietario que no le corresponde”, explicó en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, conducido por María Belén Mendívil y Jorge Robles.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según Alberti, el decreto municipal podría legalizar avasallamientos, vulnerar derechos de propietarios de terrenos y viviendas, y evidencia que el alcalde busca acelerar el proceso sin el respaldo de sus propios concejales.
Asimismo, acusó a Fernández de “jugar con la esperanza de la gente” en un contexto electoral. “El alcalde está jugando con la esperanza del vecino más humilde, que anhela regularizar su lote o lograr una conciliación con un privado para llegar a un acuerdo. Ese proceso debería hacerse mediante mecanismos legales y acuerdos entre privados, no con certificaciones sin sustento jurídico”, afirmó.
Alberti reiteró que insistirá en que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre este decreto y que se exijan informes a la alcaldía ante el riesgo de afectar a miles de familias cruceñas.