La dirigencia de los prestatarios asegura que el Ejecutivo interfirió en el cumplimiento de la norma que ya estaba en proceso, a partir de una instructiva de la ASFI del 12 de noviembre de 2025 comunicando a la Asoban, la vigencia de la Ley 1670
Por: eju.tv
La Confederación Nacional de Prestatarios anunció una marcha para este martes desde la ciudad de El Alto hasta La Paz como protesta por la falta de aplicación de la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos. El sector considera que el Gobierno los «castiga».
La dirigencia de los prestatarios asegura que el Ejecutivo interfirió en el cumplimiento de la norma que ya estaba en proceso, a partir de una instructiva de la ASFI del 12 de noviembre de 2025 comunicando a la Asoban, la vigencia de la Ley 1670 y su Decreto Reglamentario N° 5484 y disponiendo la suspensión de los embargos y reprogramación de créditos.
El dirigente Michael Chura afirmó que, si bien algunas entidades bancarias habían procedido a la reprogramación de créditos, desde la semana pasada asesores financieros retomaron los llamados de cobro.
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Otros voceros indicaron que recibieron amenazas sobre el reporte de los deudores a la Central de Riesgos con el argumento que mientras no se publique una reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el pago de cuotas debe continuar en forma normal.
Los prestatarios también cuestionaron la postura del nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza y señalaron que no conoce el reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), indicando que durante la gestión 2025 el sistema financiero habría registrado utilidades históricas por 2.592 millones de bolivianos, dato que —a su juicio— descarta cualquier riesgo de desestabilización, reportó Erbol.
Asimismo, denunciaron que el Gobierno prioriza beneficios para los grandes empresarios al anular el pago del Impuesto a las Grandes Fortunas, mientras castiga a las familias más afectadas por la crisis económica, especialmente en esta época de fin de año.
Los dirigentes también criticaron que el ministro Espinoza se haya convertido en un “portavoz” de la banca, al sostener que la Ley de Diferimiento no cumplió el procedimiento legislativo y que, por ello, las entidades financieras acudieron al Tribunal Constitucional.
Recalcaron que toda ley promulgada goza de presunción de constitucionalidad hasta que exista un fallo definitivo.
Finalmente, lamentaron que desde el pasado 2 de diciembre, fecha en que el ministro de Economía les prometió una solución al conflicto, hasta el momento no se haya presentado una alternativa concreta para proteger a las familias endeudadas, calificando esta situación como una gestión “irresponsable y poco transparente”.