‘En Línea con la Protección Digital’ busca informar, movilizar y generar una cultura de seguridad digital en Bolivia, respaldada por la nueva Ley 1636.
La Fiscalía General del Estado, en alianza con organizaciones especializadas, activó una de las estrategias más ambiciosas de protección infantil en entornos virtuales en el país. Se trata de la campaña nacional ‘En Línea con la Protección Digital’, presentada en La Paz y que se convierte en un hito institucional en la lucha contra la violencia sexual digital que afecta cada vez con mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes.
El esfuerzo es articulado entre el Ministerio Público y entidades con larga trayectoria en defensa de derechos, como Save the Children, la ONG Realidades, la Fundación Internet Bolivia y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica Boliviana. El objetivo central es prevenir delitos como grooming, sextorsión y la difusión no consentida de contenido íntimo, fenómenos que crecieron silenciosamente en el país a medida que el acceso a internet se expandió entre la población adolescente.
La campaña se sostiene en el marco normativo de la Ley N.º 1636, promulgada en 2025 a impulso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que por primera vez establece medidas específicas para sancionar agresiones sexuales cometidas en plataformas digitales. Su implementación coloca a la seguridad digital como prioridad estatal y amplía el rol del Ministerio Público hacia la prevención activa, uno de los componentes más débiles en la política pública hasta ahora.
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Las cifras que acompañan este lanzamiento justifican la urgencia. Datos de la Fiscalía muestran un incremento sostenido de casos vinculados con violencia sexual digital en los últimos años. A ello se suman los resultados de la investigación “Navegando entre riesgos invisibles y oportunidades reales”, elaborada por el IICC y Save the Children, que dimensiona el problema: 7 de cada 10 adolescentes en Bolivia estuvieron expuestos a algún tipo de riesgo en línea.
El estudio detalla cifras particularmente alarmantes:
- 9,17% de adolescentes fue presionado para conversar sobre actos sexuales en línea.
- 4,42% recibió solicitudes para realizar actos sexuales no deseados.
- 4,25% fue obligado a enviar fotos o videos íntimos sin consentimiento.
- 16,42% recibió mensajes, fotos o videos de contenido sexual sin haberlos pedido.
Los datos revelan que las adolescentes mujeres y quienes se encuentran entre los 15 y 17 años son las más afectadas. Además, la mayoría de los agresores no son desconocidos: pertenecen al círculo cercano, tanto en el ámbito físico como en el digital, lo que complejiza las rutas de denuncia y apoyo. En consecuencia, la Fiscalía sostiene que la campaña tiene un propósito claro: informar, inspirar y movilizar a la sociedad boliviana para garantizar que cada interacción en línea sea segura. Bajo esta lógica, se definieron tres ejes de acción:
Información. La difusión masiva de la Ley 1636, sus alcances y los mecanismos de denuncia para que familias, educadores y adolescentes conozcan sus derechos y obligaciones. Inspiración. La participación de Activistas Digitales, adolescentes que comparten relatos y reflexiones desde su propia experiencia para sensibilizar a sus pares y a la sociedad. Movilización. La construcción de una red de apoyo comunitaria que incluya la recolección de más de 5.000 firmas, alianzas institucionales y articulación con actores sociales para sostener la campaña en el tiempo.

La Fiscalía General del Estado remarcó que la protección de la niñez en internet requiere corresponsabilidad: familias más informadas, adolescentes empoderados y un Estado que actúe con firmeza y oportunidad. Por ello, convocó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo nacional.
“Proteger a la niñez en el mundo digital es responsabilidad de todas y todos. Cada clic cuenta, cada decisión importa”, enfatizó la institución al presentar la iniciativa. Con esta campaña, Bolivia busca dar un paso decisivo hacia la construcción de entornos digitales más seguros, inclusivos y libres de violencia para la nueva generación de usuarios jóvenes, quienes hoy se encuentran expuestos a riesgos invisibles que demandan respuestas urgentes y sostenidas.