Según Bascopé, por la presunta desviación de estos recursos del Estado hay elefantes blancos, obras inconclusas e incluso en otros casos ni obras hay, pero sí hubo cobros como si estuvieran pagando por adelantado estos proyectos.
No corresponde un juicio de responsabilidades para el expresidente Luis Arce Catacora en el caso Fondo Indígena, debido a que los hechos que se investigan datan de 2010, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas, afirmó el abogado constitucionalista Williams Bascopé. En ese sentido, explicó que con la nueva Constitución Política del Estado, establece que los ministros ya no cuentan con fuero especial, debido a los cambios establecidos en la Carta Magna, vigente desde el 2009.
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«A Arce Catacora no se lo está aprehendiendo en su condición de expresidente, sino de exministro. Y los ministros ya no cuentan con el fuero de privilegio del juicio de responsabilidades; eso se eliminó con la nueva Constitución. La anterior Caarta Magna daba fuero y privilegio a exministros y presidentes. Hoy en día, la nueva Constitución otorga fuero únicamente al presidente y vicepresidente, para un juicio de responsabilidades que pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y luego por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», explicó el jurista en contacto con Asuntos Centrales.
Detalló que Arce en su condición de ministro tuvo el manejo económico del país, autorizó que fondos públicos fueran a cuentas privadas y particulares de dirigentes campesinos, bajo el título de impulsar proyectos grandes, medianos y pequeños.
«La Ley 1178, que es el Sistema de Control y Fiscalización Gubernamental, establece seis sistemas, si mal no recuerdo, para fiscalizar justamente estos actos administrativos y financieros. Existe una Contraloría General que se encarga de auditar cómo maneja recursos un alcalde, un ministro, un gobernador. Las entidades públicas del Estado deben rendir cuentas anualmente a esta Contraloría, y es la Contraloría la que verifica que el dinero vaya a inversiones. En la Contraloría se determinan responsabilidades administrativas, civiles, penales o ejecutivas», sostuvo Bascopé.
Agregó que por la presunta desviación de estos recursos del Estado hay elefantes blancos, obras inconclusas e incluso en otros casos ni obras hay, pero sí hubo cobros como si estuvieran pagando por adelantado estos proyectos. «Así que varios dirigentes campesinos e indígenas han hecho bastante dinero con los recursos del Fondo Indígena y que provenían de las regalías de los hidrocarburos. Así es que no nos vengan a decir que esto es persecución política, así manejaban, así compraron lealtades y así corrompieron a muchos dirigentes», lamentó el jurista.
Horas antes, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la aprehensión de Arce como un acto de persecución política y sostuvo que el exmandatario es “inocente” en este proceso. Señaló que, de existir responsabilidades, debía activarse un juicio de responsabilidades. Prada denunció además que Arce fue “secuestrado” por efectivos policiales y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
En respuesta, el abogado denunciante del caso Fondo Indígena, Eduardo León desestimó esa versión y remarcó que este caso no se enmarca en la figura del juicio de responsabilidades. “No hay privilegios ni fueros. Este caso es distinto al de los contratos incumplidos. Lo que se investiga es la disposición irregular de dinero estatal hacia cuentas particulares cuando Arce era ministro de Economía”, afirmó.