Néstor Higa, defensa de LaMia, advierte que el caso estaría «viciado de nulidad» porque la empresa no recibió notificación formal a través de Cancillería, como exige un proceso entre Estados.
eju.tv / Video: Gigavisión
El abogado Néstor Higa, representante legal de LaMia, afirmó este jueves que la empresa nunca fue notificada sobre el proceso civil iniciado en Brasil en 2017 por el accidente aéreo del Chapecoense. Según indicó, el caso se habría aperturado en un juzgado de Chapecó, estado de Santa Catarina, donde presuntamente se ordenó que Bolivia y otras instituciones asuman el pago de más de 200 millones de dólares en concepto de daños civiles a los familiares de las víctimas.
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«Acabamos de enterarnos extraoficialmente de que ha llegado un exhorto a través de los canales correspondientes, toda vez que se trata del cumplimiento de una solicitud de un juez de Chapecó, del estado de Santa Catarina. Nosotros, como LaMia, no hemos sido notificados, pese a que se menciona que este caso habría sido aperturado en fecha 28 de noviembre de 2017», sostuvo el jurista.
Higa explicó que, al tratarse de un proceso que involucra a instituciones de distintos países, la notificación debió realizarse mediante exhortos diplomáticos vía Cancillería, lo cual, asegura, no ocurrió. Por esta razón, considera que el proceso «está viciado de nulidad», dado que LaMia no tuvo conocimiento oficial ni oportunidad de ejercer defensa. Añadió que, hasta el momento, únicamente Naabol habría recibido una notificación extraoficial relacionada con el caso.
El jurista adelantó que viajará a Chapecó, en Brasil, para revisar el expediente, verificar si existe una sentencia ejecutoriada y presentar las observaciones correspondientes, incluida la solicitud de nulidad de obrados si corresponde. Higa también recordó que, en Bolivia, existe una demanda en curso vinculada al accidente y que la aseguradora Bisa Seguros debía cubrir hasta 25 millones de dólares según la póliza vigente del avión siniestrado, monto que no fue cancelado.
Según los antecedentes, la tragedia aérea del equipo Chapecoense ocurrió el 28 de noviembre de 2016 en Cerro Gordo, Colombia, dejando 71 fallecidos y seis sobrevivientes.
En Estados Unidos, un juez de primera instancia ordenó un resarcimiento de 880 millones de dólares, pero este fallo fue anulado por la Corte de Apelaciones, que determinó que la jurisdicción competente para resolver responsabilidades es Bolivia, debido a que se trataba de una aeronave, empresa y operación bajo normativa boliviana.