El funcionario precisó que dicha comisión se conformó para investigar delitos de corrupción en la administración pública y que, a la fecha, se admitieron más de 70 denuncias, la mayoría vinculadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García. Foto: APG
El funcionario precisó que dicha comisión se conformó para investigar delitos de corrupción en la administración pública y que, a la fecha, se admitieron más de 70 denuncias, la mayoría vinculadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Proyectos
Para facilitar el acceso ciudadano, el viceministerio habilitó un código QR que permite registrar denuncias de manera directa y segura. García señaló que, aunque existe un proceso penal en curso por el caso del ex Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc), éste se circunscribe a un proyecto específico.
La comisión ampliará el análisis al conjunto de iniciativas financiadas por el ex Fondo Indígena, debido a la magnitud del daño económico estimado en alrededor de Bs 4.000 millones y a la presunta transferencia de recursos públicos a cuentas particulares.
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Irregularidades
La autoridad remarcó que la investigación no excluye a ninguna persona ni cargo. “No se descarta la participación de absolutamente nadie”, afirmó, e indicó que serán convocados exautoridades, responsables de contrataciones, proveedores y contratistas, independiente de la función que hayan ejercido.
En el antecedente, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty y el expresidente Luis Arce cumplen detención preventiva por el proceso del caso.
García indicó que el ex Fondo Indígena tendrá “prioridad” respecto de otros casos que también son relevantes y que cuentan con “buena cantidad” de denuncias, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Denuncias
El viceministro añadió que la comisión recibió denuncias contra 65 entidades del Estado, aunque no brindó el detalle. En ese marco, adelantó que también se revisarán proyectos de industrialización que habrían generado un daño superior a los $us 1.400 millones, con 64 de 67 plantas que registran pérdidas.
Finalmente, García sostuvo que la comisión trabajará bajo el principio de “verdad, responsabilidad y reconstrucción”, sin límites temporales ni protección a exautoridades, y con el objetivo de remitir los hallazgos a las instancias competentes para el procesamiento correspondiente.