El anuncio oficial pone números a un problema fiscal de larga data. En la gestión pasada, el exministro Franklin Molina había revelado que el país destinaba 2.000 millones de dólares anuales a subvencionar gasolina y diésel, de los cuales unos 600 millones se perdían por contrabando debido a los bajos precios internos. La gasolina especial costaba Bs 3.74 y el diésel Bs 3.72 (aproximadamente 0.53 dólares), frente a precios muy superiores en países limítrofes, lo que creaba un incentivo irresistible para el mercado ilegal.
Gobierno anuncia fin de los camiones que sacaban combustible del país por las fronteras. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció esta tarde (21) que la eliminación de la subvención a los combustibles ha logrado dos objetivos clave en apenas cuatro días: Un ahorro de 40 millones de dólares y, según sus reportes, el fin del contrabando masivo en las zonas fronterizas. La autoridad sostuvo que el diésel, que antes era acaparado por redes ilegales, ahora está disponible para la población trabajadora.
«La gente nos dice, mire, ya no necesito hacer fila compitiendo contra los contrabandistas que se llevaban el diésel, porque ahora los contrabandistas ya no hacen cola», enfatizó Medinaceli y citó los reportes de monitoreo en fronteras como las de Pando con Brasil y Potosí con Argentina. Esta declaración busca mostrar un beneficio social inmediato de la polémica medida y la presenta como una victoria para el usuario común frente a las mafias que desviaban el combustible subsidiado.
El ministro describió un escenario cambiado en el destino final del combustible. «El diésel está fluyendo para la gente de a pie, para la gente que quiere trabajar y cuando llega a la estación de servicio, ya no hay un gran camión que carga para llevárselo afuera del país», afirmó. Este relato contrasta con la situación previa, donde, según anteriores denuncias, cisternas se abastecían para su comercialización ilegal en mercados vecinos, donde el precio era hasta tres veces mayor.
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El anuncio oficial pone números a un problema fiscal de larga data. En la gestión pasada, el exministro Franklin Molina había revelado que el país destinaba 2.000 millones de dólares anuales a subvencionar gasolina y diésel, de los cuales unos 600 millones se perdían por contrabando debido a los bajos precios internos. La gasolina especial costaba Bs 3.74 y el diésel Bs 3.72 (aproximadamente 0.53 dólares), frente a precios muy superiores en países limítrofes, lo que creaba un incentivo irresistible para el mercado ilegal.
De esta manera, el obierno de Rodrigo Paz enmarca el Decreto Supremo 5503 no solo como un ajuste fiscal necesario para ahorrar 10 millones de dólares diarios, sino como una política de soberanía energética que recupera el control sobre un recurso estratégico.