El flamante vocal marcó una línea institucional al rechazar cualquier interferencia externa en los procesos electorales y plantear como tareas centrales la defensa de la preclusión, la autonomía del Órgano Electoral y la construcción de un padrón confiable.
eju.tv / Video: Bolivia Tv
En el marco del acto de posesión de la nueva directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Carlos Ortiz Quesada, pronunció este lunes un discurso de fuerte contenido institucional en el que reafirmó la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y advirtió que la nueva directiva no permitirá presiones políticas, ni injerencias judiciales en la administración de los procesos electorales.
Durante su intervención, Ortiz sostuvo que la Sala Plena inicia una nueva gestión con el mandato de actuar con imparcialidad, probidad y autonomía, conforme a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes electorales vigentes. Remarcó que el rol del Tribunal Supremo Electoral no es solo técnico o administrativo, sino esencialmente democrático, al garantizar que cada voto cuente y que los procesos electorales sean transparentes y confiables.
“Garantizar que cada voto cuente, que cada proceso electoral sea transparente y que la confianza ciudadana en el sistema electoral se fortalezca día a día. El TSE es un pilar fundamental de nuestra democracia intercultural. Nuestro compromiso es actuar con absoluta independencia, imparcialidad y probidad, honrando los principios de legalidad, pluralismo político, equidad y participación. Sabemos que la legitimidad de las autoridades electas descansa en la credibilidad de los procesos que organizamos y administramos”, puntualizó.
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Foto: captura de pantalla
En consecuencia, rechazó cualquier forma de subordinación del Órgano Electoral a intereses políticos o judiciales. Ortiz afirmó que la independencia del TSE no implica aislamiento, sino coordinación institucional sin sometimiento, y subrayó que el Órgano Electoral “coordina, pero no se subordina; dialoga, pero no cede ante presiones ni condicionamientos”.
En ese marco, advirtió que en los últimos años el país vivió episodios en los que acciones constitucionales fueron utilizadas para interrumpir o distorsionar procesos electorales legítimamente convocados, con la consecuente afectación a la soberanía popular y la credibilidad institucional. Frente a ese antecedente, recordó que la Ley del Régimen Electoral establece el principio de preclusión, que impide revisar o repetir etapas y resultados electorales, y señaló que este mandato es categórico e ineludible.
Ortiz sostuvo que el TSE no debe ‘blindarse’ para ejercer sus atribuciones, sino ejercerlas con firmeza, y enfatizó que nunca más la democracia boliviana debe quedar a merced de interpretaciones forzadas o del uso indebido de recursos legales para alterar la voluntad popular. En ese sentido, remarcó que el Órgano Electoral no recibe instrucciones de ningún otro órgano del poder público y que su autonomía es una garantía constitucional.
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“En los últimos años, el país ha presenciado episodios dolorosos en los que acciones constitucionales que no fueron concebidas para esa finalidad, interrumpieron o distorsionaron procesos electorales legítimamente convocados. Esas interrupciones lesionaron la soberanía y afectaron la credibilidad institucional. La ley 026, en su principio de preclusión, establece que las etapas y los resultados de los procesos electorales no se revisarán ni se repetirán. Ese mandato es categórico y no se puede concebir, declarar su inaplicabilidad excepcionada para blindar prórrogas ni usurpar funciones”, subrayó.
Entre las tareas prioritarias planteadas para la nueva gestión, el vocal destacó la construcción de un padrón electoral transparente, verificable y auditable, elaborado con criterios técnicos sólidos y con acompañamiento de organismos internacionales y expertos electorales. Señaló que el Servicio de Registro Cívico (Serecí), bajo tuición del TSE, tiene la responsabilidad de garantizar un registro confiable que devuelva certeza y confianza a la ciudadanía.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Tribunal Supremo Electoral con la democracia intercultural, entendida como la complementariedad entre la democracia directa, participativa, representativa y comunitaria, tal como establece la normativa vigente. Indicó que este modelo no debe quedarse en el plano discursivo, sino traducirse en prácticas institucionales que fortalezcan la participación y el pluralismo político.
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Por último, Ortiz subrayó que la legitimidad de las autoridades electas descansa en la credibilidad de los procesos electorales y que esa credibilidad depende del respeto estricto a la Constitución, la ley y los principios de legalidad, transparencia e independencia; ejes que, según dijo, guiarán su actuación en los próximos años.