El director de Sustancias Controladas afirma que la medida, en cumplimiento del DS 5503, corta un negocio multimillonario de contrabando, reduce la corrupción y garantiza el abastecimiento al aparato productivo y a la agroindustria.
eju.tv / Video: Bolivia Tv
En cumplimiento del Decreto Supremo 5503, el diésel dejó oficialmente de formar parte de la lista de sustancias controladas por el lapso de un año, lo que implica la eliminación total de los trámites administrativos para su compra, importación y distribución en el país, informó la noche del lunes el director de Sustancias Controladas, Marcelo Ugalde Castrillo.
Ugalde señaló que en un análisis posterior se determinará si el carburante vuelve a ser incorporado en la lista de sustancias controladas o nuevamente queda afuera; empero, tras la medida, el directo beneficiario es el aparato productivo, porque podrá acceder al diésel para su actividad sin los engorrosos trámites que perjudicaban a la cadena de producción; además, hizo hincapié en que ‘esta sustancia’, más allá de ser desviada al narcotráfico, se convirtió en un negocio para los contrabandistas de carburantes.
“La visión de nuestro presidente justamente fue esa, que se corte el contrabando de una vez, porque era una fuga de capitales, una fuga de inversión de todos los bolivianos hacia mercados extranjeros, hacia la frontera. (…) Esta medida va a facilitar la adquisición de este combustible y garantiza que llegue a donde tiene que llegar, que es a las estaciones de servicio y, por ende, a la agroindustria, al sector agropecuario y a la seguridad alimentaria”, afirmó el director.
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La autoridad explicó que la exclusión del diésel de la lista quinta tendrá una vigencia inicial de un año, período durante el cual el Gobierno evaluará los impactos económicos, productivos y de control para determinar si el combustible vuelve a ser incorporado como sustancia controlada o permanece fuera de ese régimen. “Seguramente los indicadores del aparato productivo y la disminución del contrabando, van a ser los que definan y los que determinen si el diésel vuelve a ser incorporado a la lista quinta o se queda afuera”, puntualizó.
Ugalde reiteró que la decisión permitirá aliviar al aparato productivo nacional y frenar un esquema ilegal que, lejos de estar vinculado de manera directa al narcotráfico, se había convertido en un negocio de contrabando a gran escala. “Esta sustancia no era desviada regularmente al narcotráfico, se había convertido en un negocio de contrabando que ocasionó fuga de capitales e inversión de todos los bolivianos hacia mercados extranjeros y zonas de frontera”, sostuvo.
En ese contexto, aseguró que la eliminación del control administrativo sobre el diésel ‘corta un negocio multimillonario’ que generó prácticas de corrupción dentro de la cadena de autorización y comercialización. “Era un negocio carroñero que provocó corrupción endémica en la Dirección de Sustancias Controladas”, afirmó.

El director precisó que, a partir de la vigencia del decreto, se suprimen todos los requisitos vinculados al manejo del diésel, entre ellos hojas de ruta, resoluciones administrativas, registros, autorizaciones previas de importación y autorizaciones de compra local. “Todos los documentos y trámites relacionados con el diésel quedan eliminados”, puntualizó.
Consultado sobre el vínculo con actividades ilícitas, Ugalde indicó que no existe una cifra exacta sobre el volumen de diésel desviado al narcotráfico y aclaró que este combustible no es utilizado de forma regular en la producción de cocaína. “La sustancia que se encuentra en laboratorios es la gasolina, no el diésel”, explicó. No obstante, admitió que el combustible fue utilizado en otras actividades ilegales, como la minería que operaba sin autorización, aprovechando el bajo precio y las distorsiones del mercado.
Respecto al impacto del nuevo precio del diésel, Ugalde sostuvo que al alinearse con valores internacionales y dejar de estar subvencionado, el contrabando pierde incentivos económicos. Sin embargo, afirmó que el Estado mantendrá controles estrictos para evitar su uso indebido. Remarcó también que la medida forma parte de un proceso de sinceramiento económico impulsado por el Gobierno. “El presidente ha tenido el valor moral de tomar decisiones drásticas que nadie se animó a asumir por cálculos políticos”, concluyó.