La intervención está a cargo del gerente interventor, Edgar Landívar, quien fue posesionado el 16 de diciembre pasado. Durante este periodo, se trabajará en ordenar la gestión interna de la empresa, institucionalizar cargos para mejorar la eficiencia administrativa.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) resolvió este miércoles ampliar la intervención a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) por un periodo máximo de 12 meses calendario, contados a partir de la notificación realizada este 31 de diciembre, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario durante la gestión 2026 en las ciudades de La Paz y El Alto.
Según la reguladora, la medida busca asegurar que la población continúe recibiendo el servicio sin interrupciones, al mismo tiempo que se avanza en un reordenamiento administrativo, financiero y operativo de la empresa, corrigiendo deficiencias detectadas en la gestión y fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia institucional.
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¿Qué implica la ampliación de la intervención para la población?
Según informó la AAPS, la ampliación permitirá: garantizar la dotación continua de agua potable y alcantarillado durante todo 2026, mejorar la atención al usuario, reduciendo reclamos y tiempos de respuesta, elevar los estándares de calidad del servicio, implementar y fortalecer planes de emergencia y contingencia ante posibles eventos que pongan en riesgo la provisión del servicio, y transparentar la administración de Epsas y prevenir actos de corrupción.
“La ampliación de la intervención tiene como objetivo principal proteger los derechos de los usuarios y asegurar que no existan afectaciones futuras al servicio. Estamos priorizando a las familias bolivianas”, señaló la directora ejecutiva de la AAPS, Liesel Ramírez Gegner.
La intervención está a cargo del gerente interventor, Edgar Landívar, quien fue posesionado el 16 de diciembre pasado. Durante este periodo, se trabajará en ordenar la gestión interna de la empresa, institucionalizar cargos para mejorar la eficiencia administrativa y cumplir con auditorías y procesos legales en curso.
La resolución administrativa establece que el interventor deberá presentar informes técnicos, económicos, financieros y legales en un plazo de 10 días calendario, además de remitir reportes periódicos sobre los avances de la intervención.
Asimismo, se instruyó la implementación de mecanismos de supervisión, fiscalización y control, así como la prosecución de procesos administrativos y legales derivados de denuncias y observaciones identificadas.
Desde el 2013, la entidad está bajo intervención gubernamental debido a su «deficiente administración», con el fin de regularizar la provisión de agua y saneamiento en La Paz y El Alto.