El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, enfatizó que no se descarta ampliar las investigaciones contra otras altas exautoridades de la empresa estatal, que depende de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Por: eju.tv / Video: Noches Sin Tregua
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, con base en la declaración de cinco funcionarios que brindaron su testimonio, se estableció que el exgerente de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (EPCORO) recurrió a amenazas y presiones administrativas para obligarlos a entregar el dinero sin respaldo alguno.
En ese contexto, la autoridad enfatizó que no se descarta ampliar las investigaciones contra otras altas exautoridades de la empresa estatal, que depende de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
«Conforme a la declaración de estas cinco personas, él utilizaba el método de la amenaza, utilizaba el aditamento de que iban a perder su fuente laboral, como también se emitía memorandos para ese cometido», reveló el fiscal.
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La empresa fue creada a través del Decreto Supremo 5134, promulgado por el presidente Luis Arce y su gabinete, con un presupuesto de 102,9 millones de bolivianos.
Torrez dijo que no se descarta convocar a nuevos testigos y profundizar las indagaciones para esclarecer el destino de los recursos económicos.
«Una vez desembolsado el dinero le entregaban el cheque o la suma de dinero directamente a este exgerente», señaló.
El Directorio de la EPCORO está conformado por un representante del Ministerio de Minería y Metalurgia; tres representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Cuentas congeladas
Torrez informó que el Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de los bienes del exgerente de la EPCORO en el marco de la investigación por el presunto desfalco de 89 millones de bolivianos.
La medida busca asegurar la recuperación de los recursos económicos mientras se ejecutan allanamientos y se indaga el destino del dinero.
En ese marco, no descartó la apertura de nuevos procesos por legitimación de ganancias ilícitas que podrían incluso alcanzar a familiares del exfuncionario.