A 40 años de distancia, el Decreto Supremo 21060 de 1985 y el Decreto Supremo 5503 de 2025 vuelven a ser puntos de inflexión para Bolivia. Ambos intentaron responder a crisis estructurales, pero en contextos muy diferentes y con resultados y reacciones sociales disímiles.
Tres generaciones de la familia Paz fundamentales en la construcción del país. Foto: urgente.bo
El 29 de agosto de 1985, el presidente Víctor Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo (DS) 21060, un paquete radical de reformas económicas para detener la hiperinflación que desangraba al país. Cuatro décadas después, el presidente Rodrigo Paz, su sobrino nieto, enfrenta una crisis macroeconómica, energética y de divisas que lo orilló a emitir el DS 5503. Si bien ambos han sido comparados por impulsar ‘ajustes estructurales’, las diferencias en contexto, profundidad y respuesta social explican por qué cada uno marcó su propia era en la historia económica boliviana.
El DS 21060 surgió en medio de una hiperinflación de cuatro dígitos, con precios desbordados y finanzas públicas en crisis. El decreto, que introdujo la apertura de mercado, el fin de los subsidios, un tipo de cambio libre y la reestructuración del aparato estatal, acabó con la hiperinflación que superaba tasas del 20.000% en meses críticos durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP), del cual formó parte el expresidente Jaime Paz Zamora, sobrino de Paz Estenssoro y padre de Paz Pereira.
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En contraste, el DS 5503 de Rodrigo Paz, publicado el 17 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial, declara una ‘Emergencia Económica, Financiera, Energética y Socia’ por el deterioro de reservas internacionales, escasez de combustibles e inflación acumulada, pero sin alcanzar niveles de hiperinflación. La actual gestión lo presenta como una medida excepcional y técnica, pero intenta desmonta el modelo construido por Movimiento al Socialismo (MAS) durante casi dos décadas.
Ambos instrumentos legales apuestan por una mayor apertura de mercados y menor intervención estatal. El 21060 liberalizó precios, eliminó subsidios y promovió el libre mercado. De forma análoga, el 5503 introduce un régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones y elimina requisitos regulatorios como la autorización previa de importación, buscando agilizar el comercio y atraer capital. Asimismo, ambos decretos inciden en la reducción de gastos y restricciones al financiamiento tradicional del Estado para frenar desequilibrios macroeconómicos.
La frase de Paz que aún resuena en la memoria de los bolivianos. Foto: RRSS
Sin embargo, tienen diferencias en la profundidad del impacto, ya que el decreto de Paz Estenssoro tuvo shock drástico con despidos masivos, congelamiento salarial y reformas profundas. “El DS 21060 se aplicó tras casi dos décadas de inestabilidad crónica, golpes de Estado y gobiernos breves que habían destruido la credibilidad del Estado, por lo que el ajuste fue la consecuencia de un colapso institucional evidente y aceptado”, precisa el analista socioeconómico Miguel Ángel Amonzabel.
En cambio, el instrumento normativo de Rodrigo Paz opera con ajustes más complejos y técnicos, buscando modular efectos en sectores sociales diversos sin replicar la intensidad de los ochenta. Para Amonzabel, “el DS 5503, en cambio, surge luego de casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo, un periodo sin rupturas militares, pero con una concentración progresiva de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales. La crisis actual no proviene del caos político abierto, sino del desgaste de un modelo sostenido en altos precios de materias primas, gasto público rígido y subsidios crecientes, sin reformas estructurales oportunas”.
El 5503, además de medidas económicas, organiza mecanismos para agilizar inversiones y modificar prácticas administrativas, en contraste con el 21060, cuyo foco fue exclusivamente la estabilización macroeconómica, sin tantos instrumentos sectoriales adicionales. El 5503 incluye también componentes de política social como el aumento del salario mínimo y de algunos bonos estatales, lo que no sucedió con el 21060. Ello refleja en la actualidad a un Estado con mayores expectativas de protección social.
Según el experto Germán Huanca Luna, el DS 5503 ‘es un 21060 light’, es decir, con un impacto suave a diferencia de la norma de 1985. El analista califica la medida gubernamental como un primer paso para un ajuste estructural que permita afrontar de raíz el déficit fiscal. “Finalmente, hay un Gobierno que se animó a gobernar para todos”, señala, para luego afirmar que son más la diferencias que similitudes y que no existe un motivo fundado para oponerse al decreto de Paz Pereira.
Paz Pereira defiende a ultranza el DS 5503. Foto: Red Uno
“El DS 5503 va en la dirección correcta para sacarnos de la crisis económica; sin embargo, presenta vacíos importantes que deberán ser abordados en una siguiente fase. Está claramente orientado a disminuir el déficit fiscal, cuyo origen principal se encuentra en las subvenciones. De alguna manera, también recupera el rol del Banco Central de Bolivia (BCB) para frenar la inflación, al asignarle nuevas atribuciones financieras orientadas a la estabilización de la economía”, precisa.
El 21060 fue aplicado en un momento de consenso extremo sobre la crisis y marcó un antes y después en el modelo económico boliviano, mermó la capacidad de organización de los sectores sociales con la relocalización de miles de mineros, el sector más afectado entonces. El 5503, en cambio, surge tras más de 20 años de hegemonía del MAS y en un contexto de polarización ya que mientras el Gobierno busca estabilizar la economía, sectores sindicales como la COB lo rechazan vehementemente, provocando protestas y bloqueos.
Los decretos 21060 y 5503 comparten la intención de enfrentar crisis profundas mediante ajustes macroeconómicos y liberalización de mercados. Sin embargo, las diferencias en contexto histórico, intensidad de las reformas, estructura social y respuesta política los distinguen claramente. El primero fue un shock que estabilizó la hiperinflación, y el segundo es un ajuste que busca restaurar el equilibrio en la economía actual, que tiene mayores grados de complejidad institucional y social. Sin embargo, no hay que olvidar que la historia muestra que las reformas económicas profundas sin consenso social producen fracturas que se pagan políticamente.