Hasta el momento, las autoridades benianas denuncian que, además de la restricción, ni siquiera se les ha habilitado técnicamente en los sistemas del Tesoro General de la Nación (TGN) el presupuesto recortado para comenzar su ejecución, lo que paraliza por completo la gestión y ahonda la incertidumbre en el departamento.
La Gobernación del Beni declaró un estado de emergencia financiera tras conocer una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que restringe su capacidad de ejecución presupuestaria para este año al 20%, lo que agrava una crisis arrastrada desde 2025 por bajas transferencias. La medida, calificada como «lapidaria» por las autoridades departamentales, pone en riesgo el pago de salarios, el cumplimiento de obligaciones con proveedores y la operatividad básica de la administración pública en el departamento.
“Nos encontramos realmente preocupados y sobre todo alarmados por el comunicado recientemente emitido por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas en el que se dispone que sólo el 20% del presupuesto puede ser ejecutado durante la gestión 2026, es decir que el 80% de nuestro presupuesto ha sido restringido”, afirmó la secretaria departamental de la Gobernación, Claudia Vargas.
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La alarma se fundamenta en una crisis financiera que se arrastra desde el 2025, la Gobernación del Beni recibió transferencias efectivas que apenas fluctuaron entre el 45% y el 50% de su presupuesto, un monto ya insuficiente que generó una acumulación histórica de deudas salariales y con proveedores. Según Vargas, el año pasado se caracterizó por «un bajo nivel de transferencias lo que ocasionó un sin número de deudas». La expectativa para 2026 era poder saldar esa deuda acarreada, expectativa que la nueva restricción presupuestaria anula por completo.
La funcionaria detalló que, sumado al bajo porcentaje de transferencias del año pasado, la Gobernación afrontó «débitos automáticos por alrededor de 30 millones de bolivianos», lo que redujo aún más los recursos líquidos disponibles. «Hoy día se limita a solo el 20 por ciento», lamentó, haciendo énfasis en la imposibilidad operativa que esto representa: «Si la gestión pasada con transferencias de entre el 40, 50, 60 por ciento no se ha podido cumplir con las obligaciones imagínense ustedes con esta reducción del 20 por ciento».
El impacto social de esta asfixia financiera es directo y masivo. Vargas recordó que en el Beni «la administración pública abarca gran parte de la masa laboral», por lo que son «miles de familias afectadas» que se encuentran «impagas por las bajas transferencias». La medida, por tanto, no solo compromete la institucionalidad departamental sino la estabilidad económica de un sector significativo de la población beniana.
En la misma línea, el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional. A través de un comunicado público, exigió la «restitución inmediata de todas las transferencias y fondos pendientes» para garantizar el pago de salarios y la operatividad administrativa. Asimismo, demandó un pronunciamiento oficial que condene estas acciones, transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de un diálogo directo para superar la crisis.
Frente a este escenario, la Gobernación ha declarado formalmente encontrarse «en emergencia». La situación, según Vargas, es «insostenible financieramente» y requiere una solución inmediata por parte del Gobierno central.
Hasta el momento, las autoridades benianas denuncian que, además de la restricción, ni siquiera se les ha habilitado técnicamente en los sistemas del Tesoro General de la Nación (TGN) el presupuesto recortado para comenzar su ejecución, lo que paraliza por completo la gestión y ahonda la incertidumbre en el departamento.