Indicó que este tipo de iniciativas reflejan un desgaste del Gobierno. En su criterio, la propuesta no es más que «un recurso de odio hacia la movilización social popular». Ante ese panorama, instó a las autoridades a privilegiar el diálogo antes que «la imposición de normas represivas».
eju.tv / Video: DTV
El exdirigente campesino Humberto Claros cuestionó este martes duramente la intención del Gobierno de impulsar una ley antibloqueos y afirmó que se trata de una medida propia de un «gobierno dictador» que busca «criminalizar» la protesta social y acallar la movilización popular.
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Claros señaló que el Ejecutivo debe explicar ante los organismos internacionales por qué pretende sancionar penalmente los bloqueos, del que dijo, estos forman parte del derecho a la protesta reconocido en convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano y en la Constitución Política del Estado.
«Primero tienen que ir a explicar una ley antibloqueos, que representa una criminalización de la protesta social, ante los organismos internacionales y, en particular, ante las convenciones internacionales que ha suscrito el Estado boliviano, en lo que respecta a la libertad de expresión y a la manifestación social y popular. Pero lo veo más bien como un recurso de odio hacia la movilización social popular», consideró.
También indicó que este tipo de iniciativas reflejan un desgaste del Gobierno. En su criterio, la propuesta no es más que «un recurso de odio hacia la movilización social popular». Ante ese panorama, instó a las autoridades a privilegiar el diálogo antes que «la imposición de normas represivas».
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que el Gobierno central respaldará un proyecto de ley destinado a sancionar penalmente los bloqueos, en respuesta a lo que denominó una “cultura del bloqueo” que ha generado un enorme daño económico al país. Aseguró que el 80% de la población rechaza la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia, y sostuvo que el diálogo es el único camino para alcanzar soluciones.
En la misma línea, el diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, lamentó la falta de voluntad política del Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar el proyecto de ley antibloqueos que presentó, el cual plantea sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes participen, promuevan o financien este tipo de medidas de presión.