Chávez enfatizó que Bolivia no cuenta con un Código Procesal Agroambiental ni con una ley especial de la jurisdicción; por lo tanto, al tratarse de un derecho humano fundamental, el trámite debe resolverse lo más antes posible. La acción institucional busca prevenir posibles daños ambientales.
eju.tv / Video: Gigavisión
El conflicto por la exploración de gas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija, ingresó a la vía judicial y será el juez Agroambiental de Entre Ríos quien determine si corresponde o no la suspensión temporal de las actividades en esta zona protegida, informó la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez. Explicó que la solicitud de aplicación de medidas precautorias ambientales se encuentra en análisis en esa instancia judicial, por lo que la decisión final sobre una eventual paralización de las operaciones dependerá del fallo que emita el juez competente.
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«Se ha presentado una acción de medidas cautelares, interpuesta por el Defensor del Pueblo, la cual actualmente se encuentra en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, a la espera de resolución por parte del juez. Sin embargo, como ya se explicó en respuesta a una consulta, de acuerdo con la decisión que emita el juez, existe la posibilidad de que el caso llegue al Tribunal Agroambiental», explicó la autoridad judicial.
También mencionó que la acción está dirigida contra YPFB, específicamente contra el presidente de la estatal petrolera, Yussef Akly, y contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, con el objetivo de paralizar de manera temporal las actividades o el inicio de operaciones, hasta que se analice el cumplimiento de la licencia ambiental, el seguimiento de todos los procedimientos establecidos y la realización de la consulta previa.
No obstante, Chávez enfatizó que Bolivia no cuenta con un Código Procesal Agroambiental ni con una ley especial de la jurisdicción; por lo tanto, al tratarse de un derecho humano fundamental, el trámite debe resolverse lo más antes posible.
La pasada semana, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una solicitud de medidas cautelares ambientales con el objetivo de suspender de manera temporal los actos de ejecución material del proyecto de Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3, correspondiente al Bloque Exploratorio San Telmo Norte, ubicado en la provincia O’Connor.
La acción institucional busca prevenir posibles daños ambientales irreversibles en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, mientras se esclarecen observaciones de carácter técnico, legal y procedimental vinculadas al cumplimiento de estándares internacionales, el derecho a la consulta pública y los requisitos exigidos para la emisión de la licencia ambiental.
La Defensoría del Pueblo señaló que esta actuación se enmarca en su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, en particular del derecho a un medio ambiente sano, así como en las obligaciones asumidas por el Estado boliviano en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensoras y defensores ambientales.